El 20 de mayo de 1989, la justicia dirimió la causa abierta a 38 empresarios relacionados con el envenenamiento masivo por el aceite de colza con fines industriales utilizado de forma fraudulenta. Ocho años después de que falleciera el primer intoxicado —un niño de ocho años en Torrejón de Ardoz (Madrid)—, sólo 13 de ellos fueron condenados a penas de entre seis meses y 20 años de prisión, sanciones muy inferiores a las solicitadas por el fiscal, en las que se llegó a pedir para algunos de los acusados entre 10.000 y 100.000 años de cárcel.

Las cifras del síndrome tóxico, como se le denominó en un primer momento, dejaron alrededor de 25.000 afectados en una veintena de provincias y más de 300 muertos.

Según el dictamen pericial el fraude provenía de la mezcla que algunas empresas llevaron a cabo a la hora de procesar el aceite. Estos mezclaban varios componentes, obteniendo como resultado un producto adulterado para uso industrial. Acto seguido, se vendía clandestinamente y sin ningún tipo de control. Una de las empresas más activas fue RAELSA, ubicada en Alcorcón, causante de la mayor parte del envenenamiento en los municipios del sur de la Comunidad de Madrid.