El Tribunal Constitucional ha avalado, según el Gobierno vasco, la ley vasca de Vivienda que incluye medidas de presión para cualquier propietario de una vivienda cerrada durante más de dos años para que la ponga a la venta o la alquile. Si no lo hace, el Alto Tribunal da por buenas medidas como el establecimiento de un canon específico contra estas viviendas, la posibilidad de imponer un alquiler forzoso e incluso proceder a su expropiación tras un procedimiento en el que los propietarios podrán alegar sus razones sobre por qué esa vivienda se encuentra desocupada. El consejero de Vivienda del Gobierno vasco Iñaki Arriola no ha querido concretar cuántas viviendas desocupadas existen actualmente en Euskadi aunque datos del propio departamento referidos a 2015 cuantificaban en 86.325 el número de viviendas vacías.

La sentencia del Tribunal Constitucional abre el camino para que tanto el Gobierno vasco como los ayuntamientos complementen sus políticas de incentivación del alquiler y venta de viviendas vacías con otras medidas punitivas que pueden ir desde el pago de un canon hasta la expropiación forzosa. Este extremo aplicable a cualquier tipo de propietario se produciría después de un procedimiento administrativo con viviendas vacías durante más de dos años y cuyos propietarios no justifiquen de ninguna manera por qué esta vivienda está desocupada. Además, quedan fuera de esta consideración las segundas residencias.