El grupo reclamaba inicialmente 840 millones al Estado por el impacto del hachazo de 2012, pero ha ido elevando la indemnización reclamada en el arbitraje internacional hasta casi duplicarla.

Actualmente hay más de 30 casos abiertos de demandas a España ante instancias arbitrales internacionales por el recorte de primas de hasta un 33% a las energías renovables, demandas en las que se reclamaban más de 8.000 millones de euros. Hasta ahora, el Reino de España ha recibido varios reveses en esos arbitrajes, siendo condenado a pagar casi mil millones de euros, lo que llevó al Gobierno central a intentar acabar con esos litigios aprobando en 2019 un decreto que incrementaba la retribución a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos para el período 2020-2025.

Sin embargo, para poder acogerse a esas rentabilidades había que renunciar a los procedimientos arbitrales, algo que hicieron varios fondos de inversión. Tampoco podía aplicarse esa remuneración cuando ya existía el derecho a percibir una indemnización como consecuencia de una sentencia firme o un laudo arbitral definitivo.