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Primera sentencia que concede una incapacidad permanente a un trabajador por alergia a las redes móviles y al 'WiFi'

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La Justicia ha concedido por primera vez la incapacidad permanente total a un trabajador por síndrome de electrosensibilidad de forma autónoma, sin estar en combinación con otras patologías. Esta dolencia consiste en una alergia o intolerancia a la contaminación radioeléctrica provocada por los teléfonos inalámbricos, antenas de móviles o redes WiFi y obliga a quien la padece a evitar o reducir su exposición a los mismos, momento en que los síntomas mejoran.

La sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid el 6 de julio, admite la demanda interpuesta por un ingeniero de Telecomunicaciones de una empresa fabricante de dispositivos móviles y otros aparatos electrónicos, y condena a la Seguridad Social a pagarle una pensión.

El juzgado de Primera Instancia desestimó la pretensión del demandante, basándose en el informe médico de la Seguridad Social, que le diagnosticaba un "trastorno ansioso-depresivo con predominio de irritabilidad y dificultad para control de impulsos, síndrome de intestino irritable, síndrome seco de mucosas", pero rechazaba que se hubiera demostrado la existencia de una relación causa-efecto entre la exposición a los campos electromagnéticos y los síntomas.

El informe añadía que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad, no estaba probada la existencia de hipersensibilidad a tales campos o redes.

El TSJ, sin embargo, admite el recurso presentado por el empleado y tiene en cuenta el informe del experto del Hospital de Guadalajara, que confirmaba que, en presencia de campos electromagnéticos, "aparecían síntomas de hipersensibilidad, sobre todo referidos al sistema nervioso, que mejoran al alejarse de su exposición".

Según el ponente del fallo, el magistrado Moreiras Caballero, "queda razonablemente acreditada la incapacidad permanente total del demandante para su profesión habitual". En este sentido, considera probado que padece una "alergia" que le provoca "una pérdida de tolerancia inducida, a modo de focos más recurrentes, por la contaminación radioeléctrica, teléfonos inalámbricos, antenas de telefonía móvil o WiFi". Por todo ello, el tribunal estima la demanda y declara al trabajador en situación de incapacidad permanente total y reconoce su derecho a percibir una pensión.

 

Un grupo de 41 bodegas alavesas promueve una nueva denominación de origen dentro del paraguas de La Rioja

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Desde el pasado verano se viven momentos de tensión en el seno de la DO Calificada Rioja, a raíz de la petición de la asociación ABRA (Asociación de Bodegas de Rioja Alavesas) de crear una nueva Denominación de Origen, llamada "Viñedos alaveses", para dar respuesta a una serie de bodegas que no están conformes con la actual configuración.

En este contexto, en el mundo Rioja se palpa la tensión que implica que haya tres corrientes más o menos contrapuestas sobre cómo debe plantearse el presente y el futuro de la producción y comercialización de los vinos de esta amplia comarca, por ahora, reunidos bajo una misma marca. Algunas fuentes calculan que sólo el negocio del vino (sin incluir la industria que le presta servicio), representa un volumen de negocio anual que ronda los 1.600 millones. Por un lado, la tesis mayoritaria del Consejo Regulador es que ha de predominar el valor de la marca Rioja, reconocida internacionalmente, sin grandes modificaciones respecto del status actual. Otra corriente en el mundo Rioja, que no cuestiona su permanencia en la DO, ni al Consejo Regulador, lleva años abogando por una mayor territorialización de la calificación de los viñedos, lo que llevó al Consejo a aprobar en 1998 la inclusión en las etiquetas de la marcación de tres de las subzonas: Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa. Pero tal diferenciación ha de hacerse con una tipografía secundaria, de menor tamaño que la general. De nuevo, ante las nuevas reclamaciones, en 2002, el Consejo accedió a que las bodegas que así lo quisieran pudieran incluir en sus etiquetas el municipio de procedencia. 'Borgoñonizar' el 'Rioja' Y la tercera corriente proviene de un grupo de bodegas de Rioja Alavesa, que desean una estructura de Denominación de Origen radicalmente diferente, al estilo de Burdeos, Borgoña o Champagne, que integran multitud de distinciones geográficas con gran autonomía entre ellas. Y ante lo que consideran un bloqueo de la situación, unas 41 bodegas anunciaron en julio iniciar la tramitación de una 'denominación de origen' propia, con la marca 'Viñedos de Álava', que ahora en otoño ha entrado en tramitación administrativa. A pesar de esta iniciativa, desde ABRA indican que, por ahora, esas bodegas no se plantean el abandono del paraguas de la marca Rioja. Hay que tener en cuenta que la creación y tramitación administrativa de una nueva Denominación de Origen lleva como mínimo, 18 meses, y han de intervenir el Gobierno vasco, el Gobierno el central y la Unión Europea. Sólo una pequeña bodega familiar alavesa, Ardati, decidió hace un año abandonar la DOC Rioja. Una amplia denominación En la actualidad, la Denominación Rioja se extiende por 61.870 hectáreas que se reparten entre tres comunidades autónomas: La Rioja con 41.959 hectáreas, País Vasco (Álava) con 13.226 hectáreas y Navarra con 6.683 hectáreas. El número de bodegas embotelladoras asciende a 594 y las bodegas de crianza alcanzan las 381. La parte alavesa representa el 21% de la superficie, pero su peso en el conjunto de las ventas es mayor, ya que concentra cerca del 35%. Lo que es administrativamente, el Consejo Regulador en 2016 maneja un presupuesto de 16,5 millones en 2016, de los cuales, la partida más relevante, que asciende a 11 millones, se destina a diferentes labores de promoción, tanto nacional como internacional. Las competencias sobre Denominaciones de Origen están transferidas a las Comunidades Autónomas, pero al extenderse el área Rioja por tres comunidades la regulación recae en Ministerio. Para el Consejo Regulador la actuación de las bodegas que están detrás de la solicitud de ABRA supone una deslealtad y traicionar los principios básicos de funcionamiento de la Denominación, al tiempo que puntualizan que ABRA sólo representa a un pequeño grupo de bodegas alavesas y no todas ellas respaldan la iniciativa. Desde otros ámbitos se critica la iniciativa Viñedos de Álava, vinculándolo a motivaciones políticas de carácter nacionalista, en una provincia en la que la Diputación Foral de Álava ya no está gobernada por el PP, sino por el PNV. Inés Baigorri, directora gerente de la asociación ABRA desvincula la tramitación de la nueva DO de cuestiones de otra índole que no sean empresariales y de filosofía de cultivo y crianza de los vinos. Reconoce que no todas las bodegas de ABRA se muestran tan críticas con la DOC Rioja, pero que fue el pleno de la asociación el que decidió dar curso a la nueva tramitación. Asimismo, recalca que ABRA nunca se ha planteado el abandono de la DO Calificada Rioja. "Nosotros defendemos que el consumidor pueda tener una mayor información sobre el vino, que pueda escoger por su tipo de uva, por la procedencia de la misma, incluso por la finca en la que ha sido elaborada, señala. Desde la Diputación Foral de Álava hay un respaldo total a la iniciativa 'Viñedos de Álava' y abogan porque esta nueva DO pueda seguir dentro del paraguas Rioja, pero entendiendo por tal el derecho de uso del término Rioja.

El Tribunal Supremo acaba con el canon digital por el cual todos los españoles pagaban por las copias privadas

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El antiguo canon se cargaba sobre CD, DVD, fotocopiadoras y otros aparatos para la copia privada, y afectaba a las empresas que las vendían y a sus clientes. Su entierro y la nueva compensación supusieron un descenso en los ingresos de las entidades de gestión de 115 millones en 2011, con el sistema anterior, a cinco millones en los años siguientes, con la nueva normativa. Por eso, tres de estos organismos (Egeda, Vegap y Dama) recurrieron en 2013 el decreto ante el Supremo. Antes de decidir, la Corte trasladó la duda al tribunal europeo (TJUE). Y este aseguró que no encajaba en las leyes europeas precisamente  porque "no puede garantizar que el coste de la compensación equitativa solo sea sufragado por los usuarios de copias privadas”.

De vuelta a España, el Supremo ha estimado parcialmente el recurso y declarado “inaplicable” la normativa, que ha anulado en su totalidad. En una sentencia de 13 folios, el alto tribunal advierte de que la sentencia del TJUE muestra la "incompatibilidad" entre el decreto español y la norma europea y que el Gobierno “no ha ofrecido ningún argumento" que evite confimar esa conclusión. Así que la Sala solo puede establecer que “en aplicación del principio de primacía del derecho de la Unión Europea” los preceptos del real decreto “deben considerarse inaplicables”. "Es claro que el Real Decreto 1657/2012 carece de un fundamento legal efectivo y, en consecuencia, es nulo”, añaden los jueces en la sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo.

El Supremo ha anulado el real decreto en su conjunto, por lo que no ha entrado a valorar aspectos concretos que habían sido impugnados por las entidades que presentaron los recursos. Los tres organismos tienen pendientes además varias demandas patrimoniales ante la Audiencia Nacional y el Supremo por los ingresos perdidos, que calculan en unos 400 millones de euros, y creen que la sentencia de hoy es un buen punto de partida para que vuelvan a ganar el pulso judicial. 

El fallo supone un varapalo para el Gobierno del PP y el Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, impulsor de la normativa. Por otro lado, el nuevo Ejecutivo de Rajoy está ahora obligado a aprobar otro modelo de compensación a los autores. El ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que buscarán "una solución" al asunto. La necesidad de esta reforma ya aparecía en 150 medidas para mejorar España, el pacto de investidura que el PP firmó en agosto con Ciudadanos para concitar su apoyo.

"Ofrecemos la máxima disposición a dialogar con el Gobierno para reestablecer lo antes posible un sistema que proteja la propiedad intelectual", asegura Rafael Sánchez, Director de Relaciones Institucionales de Egeda. Y Marta Rivera, diputada de Ciudadanos y presidenta de la Comisión de Cultura, agrega: "Es el momento de abrir sin demora el diálogo con las entidades de gestión de derechos, que hoy está roto".

Compensación a los autores

El canon digital que existía desde los noventa y el Gobierno de Zapatero actualizó para la era de Internet en 2006 optaba por gravar la compra por parte de personas físicas de CD, DVD, lectores de mp3 u otros instrumentos que pudieran servir para realizar copias privadas de obras con derecho de autor, para recuperar el supuesto perjuicio que suponían a los creadores. El Ejecutivo de Rajoy decidió suprimir ese modelo y apostar por retribuir a los autores a posteriori, "a ejercicio vencido", a través de una partida en los Presupuestos Generales del Estado y según la disponibilidad económica de las arcas públicas. En Europa, solo Finlandia, Estonia y Noruega hacen lo mismo, mientras que la mayoría de países aplica el modelo de canon digital tradicional, a priori.

La Corte de Luxemburgo no se opuso en principio a que el pago fuera con cargo a los Presupuestos Generales del Estado pero sí rechazó que no afectara solo a quienes efectivamente adquieran aparatos para la copia privada sino indiscriminadamente a cada español y a las empresas. En cuanto al antiguo modelo, el TJUE tolera que se establezca de forma previa un canon para la compensación, sobre todo debido a la dificultad de identificar con claridad las personas físicas concretas que realizan las copias. Acepta también que las empresas que venden estos aparatos acaben cargando este pago al usuario, a través del precio final. 


 

El administrador de Rojadirecta queda en libertad tras su detención

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El administrador de Rojadirecta, Igor Seoane, ha quedado en libertad con la obligación de comparecencias mensuales ante el juez, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) después de que este jueves fuese detenido.

Su detención se produjo tras comparecer en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña en relación con el juicio por la demanda que interpuso DTS (Canal +) —adquirida por Telefónica— contra su empresa por una supuesta infracción de derechos de propiedad intelectual en relación con los enlaces para eventos deportivos que se ofrecían desde la web.

El arresto, durante un receso de la vista, se produjo por orden del Juzgado de Instrucción numero 1 de A Coruña y en el marco de unas diligencias que han sido declaradas secretas. La investigación de los hechos por los que finalmente fue detenido se inició el año pasado. Tras su detención, pasó a disposición judicial en la tarde del jueves. Posteriormente, quedó en libertad con la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado.
 
Pleitos de la web
Se trataría de una causa ajena a los pleitos que la web mantiene tras las denuncias de Mediapro y DTS por los contenidos de Liga profesional española y francesa supuestamente infractores que aparecían en ella.

El testimonio del administrador de Rojadirecta tuvo lugar este jueves después de que el pasado 26 de noviembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña decretase el cierre cautelar de la página de Internet en todos sus dominios.

El administrador único de la web accedió al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de A Coruña con casco de moto para ocultar su imagen en la vista oral, donde había sido citado para un interrogatorio de parte. Ante el tribunal, aseguró que la única fuente de ingreso de su empresa procedía de las casas de apuestas.

Artículo del Pais Cultura

La indemnización por despido forma parte de la liquidación del Regimen de Ganaciales en un divorcio

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Procedimiento: Casación
Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
Fecha de Resolución: 5 de Octubre de 2016
Número de Resolución: 596/2016
Número de Recurso: 2613/2014
Emisor: Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
  
RESUMEN

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO. CARÁCTER GANANCIAL. LIQUIDACIÓN. Las indemnizaciones aunque tuviesen naturaleza privativa, serán gananciales si ambos cónyuges así lo convienen e igualmente serán gananciales si se invierten en adquisiciones conjuntas en el ámbito del matrimonio. Se desestima del recurso de casación.

DECISION DE LA SALA

  1. - Para la adecuada inteligencia de la decisión del recurso se ha de tener en cuenta lo siguiente: (i) que la indemnización se percibió constante matrimonio y vigente, por ende la sociedad de gananciales; (ii) que, en contra de lo que da a entender el recurrente, las sentencias de ambas instancias distinguen dentro de la indemnización percibida por aquel entre la que tiene carácter ganancial, por corresponder dentro de la liquidación de la indemnización al periodo de existencia de matrimonio, y la que tiene carácter privativo por corresponder a los 36 meses de vigencia del contrato de trabajo anterior a la celebración del matrimonio; (iii) que para ello se apoyan en las sentencias de esta Sala 715/2007, de 26 de junio, ratificada y matizada, por lo que aquí interesa, por las 216/2008, de 28 de mayo y 429/2008, de 18 de marzo ; (iv) al no ser tal distinción la ratio decidendi de la sentencia de apelación, como claramente se desprende del escrito de oposición al recurso de la parte recurrida, no cabe enjuiciar dicha cuestión, que viene siendo tan controvertida en la doctrina; (v) la sentencia recurrida no niega el carácter de bien privativo a la indemnización correspondiente al periodo prematrimonial de vigencia del contrato de trabajo, por contradecir la doctrina de la Sala que cita la sentencia de primera instancia a la que acabamos de hacer mención, sino porque se destinó toda la indemnización a una gestión compartida de los recursos económicos existentes en ese momento con una finalidad común.

  2. - Es cierto que las indemnizaciones aunque tuviesen naturaleza privativa, serán gananciales si ambos cónyuges así lo convienen ( artículo 1323 CC ) e igualmente serán gananciales si se invierten en adquisiciones conjuntas en el ámbito del artículo 1355 CC , supuesto este último que es el que decidió la sentencia 373/2005, de 25 de mayo , en el que el importe de la indemnización fue empleado en la adquisición de un vehículo por ambos cónyuges, al que se le atribuye naturaleza ganancial, solicitándose en la inclusión del valor en venta del vehículo en el activo de la sociedad por unos bienes que eran gananciales, correspondiendo el pago, pues, a ambos esposos.

  3. - Tales supuestos son los que aparecen como sustentadores de la decisión del Tribunal de apelación, y no la naturaleza de la indemnización percibida, por aceptar en tal extremo la sentencia de la primera instancia.

En consecuencia el recurrente lo que debía combatir es la atribución de ganancialidad al bien privativo, citando la norma en que se fundaba y doctrina jurisprudencial infringida por la sentencia recurrida.

Al no proceder en ese sentido, y no hallarse infringida la sentencia de contraste que cita, procede desestimar el recurso de casación

TERCERO

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 394.1 LEC , procede imponer las costas a la parte recurrente, con pérdida del depósito para recurrir.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

  1. - Desestimar el recurso de casación interpuesto por don Prudencio , contra la sentencia dictada con fecha 16 de septiembre de 2014, por la Audiencia Provincial de Alicante (sección 4.ª), en el rollo de apelación n.º 40/2014 , dimanante de los autos de liquidación de sociedad de gananciales n.º 1050/2012 del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de los de Denia. 2º.- Confirmar la sentencia recurrida, declarando su firmeza. 3º.- Imponer las costas a la parte recurrente, con pérdida del depósito constituido para recurrir. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Así se acuerda y firma. Jose Antonio Seijas Quintana Antonio Salas Carceller Francisco Javier Arroyo Fiestas Eduardo Baena Ruiz

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