Grupo Pericial

Contacto  |  English  
periciales.es

news4

El Tribunal Supremo acaba con el canon digital por el cual todos los españoles pagaban por las copias privadas

.

El antiguo canon se cargaba sobre CD, DVD, fotocopiadoras y otros aparatos para la copia privada, y afectaba a las empresas que las vendían y a sus clientes. Su entierro y la nueva compensación supusieron un descenso en los ingresos de las entidades de gestión de 115 millones en 2011, con el sistema anterior, a cinco millones en los años siguientes, con la nueva normativa. Por eso, tres de estos organismos (Egeda, Vegap y Dama) recurrieron en 2013 el decreto ante el Supremo. Antes de decidir, la Corte trasladó la duda al tribunal europeo (TJUE). Y este aseguró que no encajaba en las leyes europeas precisamente  porque "no puede garantizar que el coste de la compensación equitativa solo sea sufragado por los usuarios de copias privadas”.

De vuelta a España, el Supremo ha estimado parcialmente el recurso y declarado “inaplicable” la normativa, que ha anulado en su totalidad. En una sentencia de 13 folios, el alto tribunal advierte de que la sentencia del TJUE muestra la "incompatibilidad" entre el decreto español y la norma europea y que el Gobierno “no ha ofrecido ningún argumento" que evite confimar esa conclusión. Así que la Sala solo puede establecer que “en aplicación del principio de primacía del derecho de la Unión Europea” los preceptos del real decreto “deben considerarse inaplicables”. "Es claro que el Real Decreto 1657/2012 carece de un fundamento legal efectivo y, en consecuencia, es nulo”, añaden los jueces en la sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo.

El Supremo ha anulado el real decreto en su conjunto, por lo que no ha entrado a valorar aspectos concretos que habían sido impugnados por las entidades que presentaron los recursos. Los tres organismos tienen pendientes además varias demandas patrimoniales ante la Audiencia Nacional y el Supremo por los ingresos perdidos, que calculan en unos 400 millones de euros, y creen que la sentencia de hoy es un buen punto de partida para que vuelvan a ganar el pulso judicial. 

El fallo supone un varapalo para el Gobierno del PP y el Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, impulsor de la normativa. Por otro lado, el nuevo Ejecutivo de Rajoy está ahora obligado a aprobar otro modelo de compensación a los autores. El ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que buscarán "una solución" al asunto. La necesidad de esta reforma ya aparecía en 150 medidas para mejorar España, el pacto de investidura que el PP firmó en agosto con Ciudadanos para concitar su apoyo.

"Ofrecemos la máxima disposición a dialogar con el Gobierno para reestablecer lo antes posible un sistema que proteja la propiedad intelectual", asegura Rafael Sánchez, Director de Relaciones Institucionales de Egeda. Y Marta Rivera, diputada de Ciudadanos y presidenta de la Comisión de Cultura, agrega: "Es el momento de abrir sin demora el diálogo con las entidades de gestión de derechos, que hoy está roto".

Compensación a los autores

El canon digital que existía desde los noventa y el Gobierno de Zapatero actualizó para la era de Internet en 2006 optaba por gravar la compra por parte de personas físicas de CD, DVD, lectores de mp3 u otros instrumentos que pudieran servir para realizar copias privadas de obras con derecho de autor, para recuperar el supuesto perjuicio que suponían a los creadores. El Ejecutivo de Rajoy decidió suprimir ese modelo y apostar por retribuir a los autores a posteriori, "a ejercicio vencido", a través de una partida en los Presupuestos Generales del Estado y según la disponibilidad económica de las arcas públicas. En Europa, solo Finlandia, Estonia y Noruega hacen lo mismo, mientras que la mayoría de países aplica el modelo de canon digital tradicional, a priori.

La Corte de Luxemburgo no se opuso en principio a que el pago fuera con cargo a los Presupuestos Generales del Estado pero sí rechazó que no afectara solo a quienes efectivamente adquieran aparatos para la copia privada sino indiscriminadamente a cada español y a las empresas. En cuanto al antiguo modelo, el TJUE tolera que se establezca de forma previa un canon para la compensación, sobre todo debido a la dificultad de identificar con claridad las personas físicas concretas que realizan las copias. Acepta también que las empresas que venden estos aparatos acaben cargando este pago al usuario, a través del precio final. 


 

El administrador de Rojadirecta queda en libertad tras su detención

.

El administrador de Rojadirecta, Igor Seoane, ha quedado en libertad con la obligación de comparecencias mensuales ante el juez, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) después de que este jueves fuese detenido.

Su detención se produjo tras comparecer en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña en relación con el juicio por la demanda que interpuso DTS (Canal +) —adquirida por Telefónica— contra su empresa por una supuesta infracción de derechos de propiedad intelectual en relación con los enlaces para eventos deportivos que se ofrecían desde la web.

El arresto, durante un receso de la vista, se produjo por orden del Juzgado de Instrucción numero 1 de A Coruña y en el marco de unas diligencias que han sido declaradas secretas. La investigación de los hechos por los que finalmente fue detenido se inició el año pasado. Tras su detención, pasó a disposición judicial en la tarde del jueves. Posteriormente, quedó en libertad con la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado.
 
Pleitos de la web
Se trataría de una causa ajena a los pleitos que la web mantiene tras las denuncias de Mediapro y DTS por los contenidos de Liga profesional española y francesa supuestamente infractores que aparecían en ella.

El testimonio del administrador de Rojadirecta tuvo lugar este jueves después de que el pasado 26 de noviembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña decretase el cierre cautelar de la página de Internet en todos sus dominios.

El administrador único de la web accedió al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de A Coruña con casco de moto para ocultar su imagen en la vista oral, donde había sido citado para un interrogatorio de parte. Ante el tribunal, aseguró que la única fuente de ingreso de su empresa procedía de las casas de apuestas.

Artículo del Pais Cultura

La indemnización por despido forma parte de la liquidación del Regimen de Ganaciales en un divorcio

.

Procedimiento: Casación
Ponente: EDUARDO BAENA RUIZ
Fecha de Resolución: 5 de Octubre de 2016
Número de Resolución: 596/2016
Número de Recurso: 2613/2014
Emisor: Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
  
RESUMEN

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO. CARÁCTER GANANCIAL. LIQUIDACIÓN. Las indemnizaciones aunque tuviesen naturaleza privativa, serán gananciales si ambos cónyuges así lo convienen e igualmente serán gananciales si se invierten en adquisiciones conjuntas en el ámbito del matrimonio. Se desestima del recurso de casación.

DECISION DE LA SALA

  1. - Para la adecuada inteligencia de la decisión del recurso se ha de tener en cuenta lo siguiente: (i) que la indemnización se percibió constante matrimonio y vigente, por ende la sociedad de gananciales; (ii) que, en contra de lo que da a entender el recurrente, las sentencias de ambas instancias distinguen dentro de la indemnización percibida por aquel entre la que tiene carácter ganancial, por corresponder dentro de la liquidación de la indemnización al periodo de existencia de matrimonio, y la que tiene carácter privativo por corresponder a los 36 meses de vigencia del contrato de trabajo anterior a la celebración del matrimonio; (iii) que para ello se apoyan en las sentencias de esta Sala 715/2007, de 26 de junio, ratificada y matizada, por lo que aquí interesa, por las 216/2008, de 28 de mayo y 429/2008, de 18 de marzo ; (iv) al no ser tal distinción la ratio decidendi de la sentencia de apelación, como claramente se desprende del escrito de oposición al recurso de la parte recurrida, no cabe enjuiciar dicha cuestión, que viene siendo tan controvertida en la doctrina; (v) la sentencia recurrida no niega el carácter de bien privativo a la indemnización correspondiente al periodo prematrimonial de vigencia del contrato de trabajo, por contradecir la doctrina de la Sala que cita la sentencia de primera instancia a la que acabamos de hacer mención, sino porque se destinó toda la indemnización a una gestión compartida de los recursos económicos existentes en ese momento con una finalidad común.

  2. - Es cierto que las indemnizaciones aunque tuviesen naturaleza privativa, serán gananciales si ambos cónyuges así lo convienen ( artículo 1323 CC ) e igualmente serán gananciales si se invierten en adquisiciones conjuntas en el ámbito del artículo 1355 CC , supuesto este último que es el que decidió la sentencia 373/2005, de 25 de mayo , en el que el importe de la indemnización fue empleado en la adquisición de un vehículo por ambos cónyuges, al que se le atribuye naturaleza ganancial, solicitándose en la inclusión del valor en venta del vehículo en el activo de la sociedad por unos bienes que eran gananciales, correspondiendo el pago, pues, a ambos esposos.

  3. - Tales supuestos son los que aparecen como sustentadores de la decisión del Tribunal de apelación, y no la naturaleza de la indemnización percibida, por aceptar en tal extremo la sentencia de la primera instancia.

En consecuencia el recurrente lo que debía combatir es la atribución de ganancialidad al bien privativo, citando la norma en que se fundaba y doctrina jurisprudencial infringida por la sentencia recurrida.

Al no proceder en ese sentido, y no hallarse infringida la sentencia de contraste que cita, procede desestimar el recurso de casación

TERCERO

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 394.1 LEC , procede imponer las costas a la parte recurrente, con pérdida del depósito para recurrir.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

  1. - Desestimar el recurso de casación interpuesto por don Prudencio , contra la sentencia dictada con fecha 16 de septiembre de 2014, por la Audiencia Provincial de Alicante (sección 4.ª), en el rollo de apelación n.º 40/2014 , dimanante de los autos de liquidación de sociedad de gananciales n.º 1050/2012 del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de los de Denia. 2º.- Confirmar la sentencia recurrida, declarando su firmeza. 3º.- Imponer las costas a la parte recurrente, con pérdida del depósito constituido para recurrir. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Así se acuerda y firma. Jose Antonio Seijas Quintana Antonio Salas Carceller Francisco Javier Arroyo Fiestas Eduardo Baena Ruiz

Coca-Cola pelea en EEUU por la exclusiva de la marca 'Zero'

.

coca-cola-zero.jpg

El mes pasado, Canadá rechazó el intento de Coca-Cola de patentar la palabra inglesa Zero, que utiliza en sus marcas bajas en calorías, incluyendo Coca-Cola Zero, Sprite Zero,  Powerade Zero o Fanta Zero. Todo ello, después de que su mayor competidor a nivel mundial, el grupo PepsiCo, se opusiera a la medida.

Sin embargo, según publicó ayer The Wall Street Journal, la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU se está preparando para resolver un nuevo contencioso entre el gigante de los refrescos de Atlanta y Dr. Pepper Snapple Group, que ha lanzado también una bebida sin azúcar llamada Zero, trece años después de que apareciera la primera Coca-Cola con este apellido.

Una y otra compañía han registrado en los últimos meses cientos de páginas con sus argumentos ante la oficina de marcas norteamericana y, según The Wall Street Journal, se espera que la resolución final pueda conocerse antes del próximo verano. Todo ello sobre la base de los conflictos de registro de marcas anteriores, según han asegurado al rotativo fuentes próximas al caso.

Si Coca-Cola consigue imponer su teoría y ganar la batalla,  podría demandar más fácilmente a todos aquellos grupos que tratan de imitarla y copian sus nombres y logos, algo que también sucede en España, tanto por empresas de la competencia como por las marcas blancas.  Pero si pierde, la multinacional podría enfrentarse a una avalancha de nuevos productos que a partir de ahora usen el mismo nombre y diluyan así el valor final de la marca. Para la empresa la palabra Zero es fundamental, debido a la mala imagen que siguen teniendo otros términos, como Diet, ante la creencia cada vez más extendida entre los consumidores, aunque no exista prueba de ello, de que los edulcorantes artificiales podrían causar cáncer.

El líder mundial de los refrescos confirmó, de hecho, el pasado martes que las ventas a nivel mundial de Coca-Cola Zero aumentaron un 6 por ciento en el último año, mientras que las Coca-Cola Light o Diet Coke cayeron en la misma proporción.

Aunque Coca-Cola Light sigue siendo, a pesar de todo, el refresco de cola bajo en calorías más vendido del mundo, con una cuota en el mercado de refrescos del 4,8%, en la última década, desde su lanzamiento Coca-Cola Zero ha conseguido pasar del 0,5% hasta el 3% de participación, según las cifras de la consultora Euromonitor.

En un documento entregado ya por Dr. Pepper en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, esta compañía  mantiene que si se permite a Coca-Cola el uso exclusivo de la palabra Zero, las autoridades "estarán concediendo a la empresa el monopolio de usar una palabra común en el idioma inglés". Coca-Cola mantiene, sin embargo, que se trata de un desarrollo propio de la marca y que debe haber protección ante las copias.

Los informes periciales de patentes y marcas de alto valor en este contencioso

Expropiar suelo saldrá aún más barato tras volver a variar la ley

.

Expropiar suelo saldrá aún más barato tras volver a variar la ley

Después de todo lo acontecido en el sector inmobiliario desde que estalló la burbuja de precios y producción de casas, quizás pocos recuerden el fuerte impacto que tuvo la aprobación de la Ley de Suelo (8/2007 y RDL 2/2008). La nueva regulación nació con el propósito de quitarle a los jueces de lo contencioso-administrativo la discrecionalidad con que dictaban en algunas ocasiones los justiprecios de los suelos objetos de expropiación, un fenómeno que, espoleado por la fuerte demanda en tiempos del boom, provocó un fenómeno especulativo que después tuvo serias repercusiones sobre las cuentas y la viabilidad financiera de no pocas compañías.

Así, el legislador redujo las clases en las que se dividía el suelo históricamente y estableció solo dos tipos: situación básica de urbanizado (solares) y situación básica de rural (el resto). De esta manera, si un terreno que hasta ese momento había estado destinado a la producción agrícola tenía que ser expropiado para la construcción de una autovía, debería ser valorado como tal (recuerden aquella frase de la ministra María Antonia Trujillo del patatal valorado como un patatal) y no en función de qué se levantaría sobre el mismo.

Pues bien, aunque la ley nació con vocación rompedora, lo cierto es que el crac del sector y de la economía en general, con la paralización de muchos proyectos de obra civil, fue lo que hizo que se acabaran de un plumazo las valoraciones estratosféricas. En octubre pasado, se aprobó el nuevo texto refundido de la Ley de Suelo que incide todavía más en ese objetivo de abaratar el coste de las expropiaciones y regula de manera más específica las condiciones del suelo urbanizado. Respecto al régimen de valoraciones, asume la sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 en la que se declaró nulo e inconstitucional el máximo de dos para el coeficiente que fijaba la norma del factor de localización.

Esto quiere decir que en la ley original se establecía que aquellos terrenos en situación de rural se podía corregir el valor obtenido por capitalización de rentas de la tierra, aplicándoles un coeficiente de un máximo de dos, si estaban situados próximos a núcleos urbanos o a centros de producción o con determinadas características ambientales, tal y como recuerda Andrés Lorente, director del área de Suelo de Tinsa. Esto suponía un alivio, en el supuesto de una valoracion expropiatoria, para esos suelos que muchos promotores atesoraron en las coronas metropolitanas de las grandes urbes pensando en obtener pingües beneficios y que con la norma de 2008 veían como su valor caía a plomo.

Sin embargo, el alto tribunal declaró inconstitucional ese límite del coeficiente dos y argumentó, tal y como recuerda Ignacio Ortiz, analista de Foro Consultores, que “no estaba justificado en la Ley ni en la exposición de motivos y podía resultar caprichoso evitando obtener el valor real del suelo. Considera el tribunal que puede impedir una determinación de la indemnización expropiatoria acorde con la idea del proporcional equilibrio y que la limitación sea contraria al artículo 33.3 de la Constitución”. Dicho artículo hace referencia a que “nadie podrá se privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por la leyes”.

Ortiz explica que, “siendo una sentencia ajustada a derecho, se puede producir una valoración superior al valor real, cayendo así en un fenómeno especulativo. La justicia o no dependerá de cada caso y de la diferencia que resulte entre el valor calculado y el real”.

Tal y como recuerda Andrés Lorente, el método para valorar el suelo rural consiste en dividir el rendimiento del terreno (calculado por capitalización de rentas de la tierra) entre una tasa de capitalización y a su resultado se le aplicaba, en su caso, ese factor de corrección según la ubicación que ya no puede tener el límite máximo de dos.

“Las determinaciones establecidas en el nuevo texto refundido suponen tasas superiores, lo que se traduce en que los valores pueden ser sensiblemente inferiores a los que se obtenían con la anterior normativa. Si antes se tomaba como referencia el rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública con un plazo entre dos y seis años, ahora se tiene en cuenta la media de los tres últimos años del tipo de interés de las obligaciones del Estado a 30 años (3,663%)”, aclaran desde Tinsa.

Por ello, como las tasas aplicables han subido sensiblemente, esto da como resultado valoraciones de suelo bastante inferiores. Hay casos en los que expropiar ahora con estas nuevas reglas puede suponer un coste para la Administración entre cinco y seis veces inferior del que hubiera sido aplicable con el marco legal de 2008, insiste Lorente.

Cambios cruciales ahora que la actividad se anima

La primera Ley de Suelo que acabó con el antiguo sistema de valoraciones fue aprobada justo antes de que estallara la crisis en toda su gravedad, lo que evitó que pudieran comprobarse los efectos reales que había tenido sobre el mercado.

Ahora, después de la introducción de las últimas novedades puede que sí sea un momento más oportuno. Esto es así porque empieza a reanimarse lentamente la obra civil (dependerá también de la rapidez con que finalmente se forme Gobierno si es que no deben repetirse las elecciones generales); por lo que los expertos consultados coinciden en señalar que se trata de la coyuntura adecuada para poner en marcha un nuevo marco legal que abarate las expropiaciones de suelo. Sobre todo, teniendo en cuenta que todavía hay numerosas administraciones públicas (en especial comunidades autónomas y la Administración central) que deben seguir saneando sus maltrechas finanzas públicas.

El director del área de Suelo de Tinsa, Andrés Lorente, pone como ejemplo una finca en situación de rural en un municipio perteneciente a la corona metropolitana de Madrid. Se estima su valor conforme a cada uno de los criterios. Se parte de una renta calculada para una explotación de cereal en régimen de secano de 600 euros por hectárea. Mientras en el primer caso, aplicando los criterios del Real Decreto Ley 2/2008 se obtendría un valor en situación de origen para ese suelo de 20,51 euros por metro cuadrado. Con las modificaciones aprobadas el pasado 30 de octubre se obtendría un valor de 3,34 euros por metro cuadrado, seis veces inferior al primero. Si a esos 20 euros se les aplicara el viejo coeficiente del dos, se elevarían a 41,02 euros y con el coeficiente de localización sin la limitación del máximo de dos (coeficiente que incluye proximidad a núcleo urbano, a contros de producción y aspectos medioambientales) podría incluso alcanzar los 109,85 euros por metro cuadrado. Sin embargo, con la nueva regulación, esos 3,34 euros se convertirían, por aplicación del mencionado coeficiente, en 17,89 euros por metro cuadrado, es decir 6,14 veces inferior.

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio, de acuerdo a sus hábitos de navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí: Política de cookies.