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Se crea una guía de Buenas Prácticas para los Peritos Judiciales Europeos bajo la Norma UNE 197001

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Los peritos judiciales europeos han dado un paso en común al aprobar la creación de una Guía de Buenas Prácticas del Perito Judicial para regular la práctica pericial en el conjunto de la Unión Europea según se aprobó en una jornada convocada por el Instituto Europeo de Expertos y Peritaje celebrada recientemente en Roma.

Dicho encuentro contó con la presencia y colaboración de magistrados, abogados peritos y profesores universitarios de distintos países de la Unión, quienes a través de diferentes mesas redondas y talleres de trabajo expusieron las problemáticas y vías de solución de la pericia judicial.

Un paso en este sentido es la creación de la Guía de Buenas Prácticas del Perito Judicial que en estos momentos está elaborando un jurado compuesto por personalidades europeas del ámbito jurídico. Grupo de profesionales que está realizando un estudio minucioso de las conclusiones de todos los grupos asistentes a la reunión de Roma para emitir estas recomendaciones con la finalidad de ser difundida y aplicada en todos los países del marco europeo y en concreto en los respectivos Tribunales de Justicia.

La guía identificará los valores que deben orientar la relación de los peritos con sus diferentes grupos de interés (clientes, compañeros de profesión, jueces, etc.) y establecerá un marco que facilite la generación de confianza, incremente el orgullo de pertenencia y mejore la credibilidad y reputación. Para José Luis Barceló, perito judicial y experto en coleccionismo numismático y filatélico, "esta guía supone una oportunidad extraordinaria para los miles de peritos que actuan ante la Administración de Justicia, muchas veces de oficio".

Por su parte Mª Jesús Ferreiro, presidenta de la Asociación de Peritos Judiciales colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana apunta que “en una sociedad técnicamente cada día más compleja, el informe pericial se ha convertido en un recurso básico para la resolución de conflictos. Los peritos de la Asociación y en el Consejo de España son muy conscientes de la responsabilidad que supone este trabajo y velan porque el mismo discurra por la senda del respeto con la sociedad, el mundo empresarial y la Justicia en todos sus ámbitos”.
 
Grupo Pericial que viene utilizando un código deontologico interno suma la estructura UNE del informe pericial para generar calidad y transparencia.
 

APROBADA las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal

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El Pleno del Congreso de los Diputados dio salida ayer a toda una serie de textos legales de calado, entre ellos dos de las reformas más sonadas del Ministerio de Justicia, las últimas que quedaban por aprobar.

Misión cumplida. El Ministerio de Justicia ha logrado sacar adelante en el trámite parlamentario todas las reformas que se había propuesto. Las últimas se aprobaron definitivamente ayer en un Pleno del Congreso que dio luz verde a toda una batería de reformas de diferentes ministerios.

El ministro de Justicia defendió en la Cámara Baja los dos proyectos que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal, uno para la agilización de la justicia penal y el otro para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, así como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entre sus medidas estrella incluye el ambicioso objetivo de lograr acabar con el papel en la Justicia a partir del 1 de enero de 2016.

 

Enjuiciamiento Criminal

Entre las cuestiones más polémicas de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) está la de limitar a los jueces los plazos de instrucción, con un periodo ordinario de seis meses en causas sencillas y de 18 en las complejas, y con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses.

En la tramitación parlamentaria se aprobó que la Fiscalía ya no será la única parte que podrá solicitar prórrogas a estos plazos, y el Congreso introdujo la obligación de proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, una medida que, tras recibir fuertes críticas, fue matizada en su paso por el Senado.

Además, el texto sustituye el término de imputado por investigado, en una primera fase, y encausado si se mantiene la acusación a medida que avanza la investigación. La reforma aporta también importantes novedades en las medidas de investigación tecnológica, adaptándose a las nuevas realidades de la era digital.

Durante el debate en el Congreso, la oposición criticó la "falta de coraje" por no incluir en la reforma de la LECrim la atribución definitiva de la instrucción a los fiscales, una medida que sí contemplaba el texto del exministro Alberto Ruiz-Gallardón, pero que Catalá decidió dejar al margen ante la premura del fin de legislatura.

En cuanto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el texto exige que tanto los profesionales como los órganos judiciales estén obligados a emplear los medios electrónicos en la presentación de escritos y documentos, y se introducen cambios en los procesos monitorios y en la regulación del juicio verbal.

 

Entra en vigor la Ley del Poder Judicial

Ayer entró en vigor otro de los grandes proyectos de la legislatura: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El texto tiene como objetivo agilizar la Justicia, mejorar el reparto de la carga de trabajo entre juzgados y permitir una mayor especialización de jueces y magistrados, tal y como ha defendido el ministro Rafael Catalá.

La reforma tiene efectos inmediatos para cuestiones como el cambio de nombre de los secretarios judiciales, que a partir de ahora pasan a llamarse letrados de la Administración de Justicia, e incluye otras medidas, como la que elimina la responsabilidad directa de jueces y magistrados, que se asimilará a la del resto de empleados públicos.

Se introduce, además, un importante cambio en el recurso de casación, eliminando el umbral mínimo de 600.000 euros que la ley establecía para poder recurrir ante el Tribunal Supremo en la jurisdicción contencioso-administrativa, y se sustituye por el concepto de interés casacional.

 

Reformas aprobadas en el Congreso de los Diputados

  • En la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) se ha introducido una novedad relevante para los abogados: sus herederos podrán reclamar los honorarios no satisfechos después de su fallecimiento.
  • La reforma de la LEC pretende la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales, con el objetivo de 'papel cero' en los juzgados.
  • La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE, impone a los jueces plazos para instruir y sustituye el término judicial 'imputado' por 'investigado' o 'encausado'.
  • El nuevo proceso penal trata de evitar, además, las macrocausas con la regla de conexidad, que favorece la división en distintas piezas, y así reducir los tiempos de instrucción.
  • Se crea, además, una segunda instancia penal que permitirá a los tribunales superiores de Justicia revisar sentencias dictadas por las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional contará con una sala de apelación que se ocupará de las dictadas por este tribunal.
  • Otras modificaciones afectan a los atestados sin autor conocido, que ya no generarán la apertura de diligencias judiciales, y a la ampliación del decomiso.
  • Hay novedades también en cuanto a la incomunicación de los detenidos, medida que los jueces deberán justificar en un auto, y contempla que estos arrestados incomunicados se someterán a dos revisiones médicas cada 24 horas.
  • En la investigación tecnológica, se introduce la figura del agente encubierto en Internet, que podrá emplear identidad falsa. Se amplía la interceptación de comunicaciones que afectará ahora a Whatsapp, SMS y escuchas ambientales.
  • Otra reforma aprobada ayer en el Congreso fue la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho, que pasa ahora al Senado.
  • Por su parte, el proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público recibió el espaldarazo necesario para su aprobación definitiva.
  • Recibieron luz verde también el proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar y la reforma de la Ley de la Carrera Militar.

Misión cumplida. El Ministerio de Justicia ha logrado sacar adelante en el trámite parlamentario todas las reformas que se había propuesto. Las últimas se aprobaron definitivamente ayer en un Pleno del Congreso que dio luz verde a toda una batería de reformas de diferentes ministerios.

El ministro de Justicia defendió en la Cámara Baja los dos proyectos que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal, uno para la agilización de la justicia penal y el otro para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, así como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entre sus medidas estrella incluye el ambicioso objetivo de lograr acabar con el papel en la Justicia a partir del 1 de enero de 2016.

 

la plataforma digital BlaBlacar deberá preparar su defensa para evitar que el juez decrete su cierre cautelar.

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BlaBlaCar, la plataforma digital que acuerda el reparto de gastos de viaje en coche entre particulares, deberá preparar su defensa para evitar que el juez decrete su cierre cautelar el próximo 1 de octubre, día en que ha sido citada en el juzgado Mercantil nº 2 de Madrid.

El titular del juzgado, Andrés Magro, ha admitido a trámite la demanda presentada por la patronal de autobuses Confebus contra Comuto Iberia y Comuto SA, las sociedades de capital francés que controlan BlaBlaCar. En esta demanda las empresas de autobuses han documentado toda la actividad de la plataforma de coche compartido en el último año para demostrar que su actividad constituye un caso de competencia desleal. La contrapericial de la compañia BlaBlaCar será fundamental para su defensa.

BlaBlaCar es la plataforma de coche compartido más popular en estos momentos en España. De origen francés, inició su actividad hace cinco años y ya cuenta con nueve millones de usuarios en Europa con Francia como el mercado con más usuarios, seguido de España.

El sistema de funcionamiento consiste en que conductores particulares que prevean la realización de un trayecto entre ciudades lo publiquen en la plataforma, destacando el número de plazas que tienen libres. En el otro lado, las personas que están interesadas en hacer ese trayecto piden ocupar la plaza. BlaBlaCar sugiere una serie de precios en función del servicio y actúa como intermediario en lo que pretendidamente es un reparto de gastos de viaje entre usuarios o consumo colaborativo. Cobra por adelantado al pasajero a través de la plataforma digital y paga al conductor del mismo modo. Su comisión es de un 10% más IVA.

Desde el momento en que la plataforma comenzó a hacerse popular, las empresas de autobuses denunciaron su actividad como competencia desleal. Además de carecer de licencia para realizar transporte de pasajeros, señalaban que muchos de los conductores que ofrecían plazas iban más allá del consumo colaborativo al efectuar varios viajes en un mismo día entre Madrid y capitales próximas como Segovia o Ávila. Esto demuestra, en su opinión, que muchos de los conductores que ofrecen sus servicios en BlaBlaCar hacen los trayectos como una vía de obtención de ingresos más que como una manera de compartir gastos.

ACS exige 600 millones a Murcia por no poder explotar una desaladora

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Florentino Pérez vuelve a blindarse. El empresario reclama 600 millones de euros al gobierno de Murcia por no poder explotar la desaladora de Escombreras. El grupo ACS es dueño del 80% de Hydro Management, la empresa constructora de la planta productora de agua. 

La sociedad de Florentino Pérez firmó un acuerdo en 2009 con el ejecutivo del entonces presidente Ramón Luis Valcárcel por la construcción y gestión de la planta por 500 millones de euros. El acuerdo iba acompañado por una cláusula indemnizatoria por 559 millones de euros si finalmente se rescindía el contrato. Sin embargo, cuando el Gobierno regional incumplió en los primeros pagos a la empresa Hydro Management, el grupo ACS contraatacó con la petición de 600 millones de euros.

La petición se dividió en 400 millones por la construcción de la planta -aunque la edificación está valorada en 125 millones según refleja la empresa auditora de las cuentas de la sociedad- y otros 200 millones, por lucro cesante, según recoge la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Murcia por presunta corrupción en la gestión de la desaladora, presentada por el abogado Diego de Ramón.

El gobierno murciano pudo hacer frente inicialmente a la petición de Florentino Pérez llegando a un acuerdo. El Ejecutivo pagó a la empresa que construyó la desaladora los 22 millones de euros que le debía por los años 2012 y 2013. Sin embargo ahora la viabilidad de la planta vuelve a estar en cuestión tras un informe interno del nuevo ejecutivo regional, otra vez en manos del PP tras las últimas elecciones autonómicas.

Las cuentas no salen

El informe presentado por los servicios jurídicos de la consejería de Presidencia de Murcia asegura que la planta de agua es "inviable" y propone la disolución de la misma para frenar los "daños patrimoniales".

Las cuentas de la empresa no salen. La desaladora de Escombreras se ha convertido en un agujero por el que se cuela el dinero de las arcas municipales. La sociedad acumuló unas pérdidas de más 13 millones de euros en 2013, según las últimas cuentas depositadas. A esa cantidad se suma el dinero anual que tiene que pagar el ejecutivo regional a la empresa del presidente de ACS, Florentino Pérez, según el contrato firmado con el anterior gobierno de Valcárcel. "La construcción no le costó dinero al gobierno regional porque pactó que la edificación se pagaría con la producción de agua. Esta operación nos produce dudas sobre su legalidad porque es una obra pública sin concurso", explica Joaquín López, diputado socialista de la Asamblea de Murcia.

El contrato entre comunidad y grupo garantizaba el pago de los 500 millones de euros al grupo ACS por 25 años. La empresa de Florentino Pérez cobraría dicha cantidad fracturada hasta 2034. El primer desembolso se haría en 2009 por 4 millones de euros, una cifra que crecería con la actualización del IPC hasta alcanzar los 26 millones de euros para 2034. Según el contrato, en 2015, la comunidad debería haber abonado 13,9 millones de euros.

La desaladora de Escombreras lleva ocho años abierta, aunque en los últimos años no produce ni al 10% de su capacidad, según explica Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del sureste, en Murcia. No tiene a quién vender el agua. El objetivo era producir 50 hectómetros cúbicos anuales, y actualmente sólo genera cuatro. El proyecto nació al fulgor del boom inmobiliario. Situado en plena costa, a tan sólo 20 kilómetros al sur de Cartagena, la planta iba a abastecer de agua a todo el desarrollo urbanístico del complejo bautizado como 'Novo Carthago'. El plan proyectaba una macrourbanización de 10.000 viviendas, dos campos de golf y hoteles. Casi diez años después, hay desaladora, pero no complejo urbanístico.

El caso, en la Fiscalía

El ejecutivo de Murcia remitió la pasada semana el informe de los servicios jurídicos a la Fiscalía que lleva el caso. "Queremos que cierre la desaladora, que envíen los documentos necesarios al juzgado y que caiga quien tenga que caer -insiste Pedro García-. A Florentino le da igual que la desaladora cierre. Él va a exigir que se le pague y, si no se paga, ya se resolverá en los tribunales. Si el contrato está bien hecho, el gobierno deberá seguir pagando aunque no se produzca agua".

Por el momento, el gobierno al que hace referencia García, guarda silencio sobre el asunto. El nuevo Gobierno de Pedro Antonio Sánchez (PP) tras las autonómicas del 24 de mayo asegura que no tiene nada que decir al respecto, pese al intento de este periódico de hablar con el ejecutivo en hasta cinco ocasiones. El grupo ACS también ha declinado hacer declaraciones.

La poca transparencia respecto al contrato entre el gobierno y la empresa constructora ha llevado a los partidos de la oposición a pedir una comisión de investigación en la Asamblea regional. El socialista Joaquín López confirma que aún no está aprobada y que habrá que esperar a septiembre, mientras que fuentes del partido Ciudadanos denuncian que no tienen datos de la gestión y exigen conocer los pormenores de la obra, desde las licencias concedidas, hasta su bajo rendimiento.

Nuevo Regimen de Garantias para los compradores sobre planos y promotores de viviendas

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A partir del 1 de enero de 2016 entrará en vigor el nuevo régimen de garantía de compradores sobre plano y los promotores de vivienda no se verán obligados a suscribir un seguro, sino que podrán optar por una garantía financiera para cubrir el mismo riesgo, según se regula en la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, publicada el miércoles en el BOE.

Se acaba así con el actual régimen basado en un sistema dual de pólizas -pólizas colectivas y certificados individuales de seguros de caución-. También se introducen modificaciones sobre la percepción de cantidades a cuenta del precio durante la construcción en la Ley de Ordenación de la Edificación.

La norma obligará a garantizar, desde la obtención de la licencia de edificación, la devolución de las cantidades entregadas más los intereses legales, mediante contrato de seguro de caución suscrito con entidades aseguradoras o mediante aval solidario emitido por entidades de crédito, para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido para la entrega de la vivienda.

Cuentas específicas

Si se opta por las garantías, deberán percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de entidades de crédito en las que habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor, incluido el supuesto de comunidades de propietarios o sociedad cooperativa, y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas.

Para la apertura de estas cuentas, la entidad de crédito, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía financiera. Ésta se extenderá sobre las cantidades aportadas por los adquirentes, incluidos los impuestos y el interés legal del dinero.

Si se pretende que un contrato de seguro de caución sirva como garantía de las cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, deberá suscribir una póliza de seguro individual por cada adquirente, en la que se identifique el inmueble para cuya adquisición se entregan los anticipos.

La suma asegurada incluirá la totalidad de las cantidades anticipadas en el contrato de compraventa, incluidos los impuestos aplicables, incrementada en el interés legal del dinero desde la entrega efectiva del anticipo hasta la fecha prevista de la entrega por el promotor.

El tomador será el promotor, quien pagará la prima por todo el periodo de vigencia hasta la elevación a escritura pública del contrato de compraventa. El asegurado, por su parte, será el adquirente que figure en el contrato de compraventa, lo que evitará algunos abusos detectados en los últimos años.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. La falta de pago de la prima por el promotor no será, en ningún caso, excepción oponible. Y además, la duración del contrato no podrá ser inferior a la del compromiso para la construcción y entrega de las viviendas.

En caso de prórroga para la entrega de las viviendas, el promotor podrá alargar el seguro, debiendo informar al asegurado. Y, además, la aseguradora podrá comprobar los documentos del promotor que guarden relación con sus obligaciones con los asegurados.

Si la construcción no se inicia o no llega a buen fin en el plazo convenido, el asegurado, siempre que haya requerido de manera fehaciente al promotor para la devolución de las cantidades aportadas a cuenta y si este en el plazo de 30 días no ha procedido a su devolución, podrá reclamar al asegurador la indemnización. El asegurado podrá reclamar, también, al asegurador cuando no sea posible la reclamación previa al promotor. El asegurador tendrá 30 días para pagar.



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