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la plataforma digital BlaBlacar deberá preparar su defensa para evitar que el juez decrete su cierre cautelar.

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BlaBlaCar, la plataforma digital que acuerda el reparto de gastos de viaje en coche entre particulares, deberá preparar su defensa para evitar que el juez decrete su cierre cautelar el próximo 1 de octubre, día en que ha sido citada en el juzgado Mercantil nº 2 de Madrid.

El titular del juzgado, Andrés Magro, ha admitido a trámite la demanda presentada por la patronal de autobuses Confebus contra Comuto Iberia y Comuto SA, las sociedades de capital francés que controlan BlaBlaCar. En esta demanda las empresas de autobuses han documentado toda la actividad de la plataforma de coche compartido en el último año para demostrar que su actividad constituye un caso de competencia desleal. La contrapericial de la compañia BlaBlaCar será fundamental para su defensa.

BlaBlaCar es la plataforma de coche compartido más popular en estos momentos en España. De origen francés, inició su actividad hace cinco años y ya cuenta con nueve millones de usuarios en Europa con Francia como el mercado con más usuarios, seguido de España.

El sistema de funcionamiento consiste en que conductores particulares que prevean la realización de un trayecto entre ciudades lo publiquen en la plataforma, destacando el número de plazas que tienen libres. En el otro lado, las personas que están interesadas en hacer ese trayecto piden ocupar la plaza. BlaBlaCar sugiere una serie de precios en función del servicio y actúa como intermediario en lo que pretendidamente es un reparto de gastos de viaje entre usuarios o consumo colaborativo. Cobra por adelantado al pasajero a través de la plataforma digital y paga al conductor del mismo modo. Su comisión es de un 10% más IVA.

Desde el momento en que la plataforma comenzó a hacerse popular, las empresas de autobuses denunciaron su actividad como competencia desleal. Además de carecer de licencia para realizar transporte de pasajeros, señalaban que muchos de los conductores que ofrecían plazas iban más allá del consumo colaborativo al efectuar varios viajes en un mismo día entre Madrid y capitales próximas como Segovia o Ávila. Esto demuestra, en su opinión, que muchos de los conductores que ofrecen sus servicios en BlaBlaCar hacen los trayectos como una vía de obtención de ingresos más que como una manera de compartir gastos.

ACS exige 600 millones a Murcia por no poder explotar una desaladora

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Florentino Pérez vuelve a blindarse. El empresario reclama 600 millones de euros al gobierno de Murcia por no poder explotar la desaladora de Escombreras. El grupo ACS es dueño del 80% de Hydro Management, la empresa constructora de la planta productora de agua. 

La sociedad de Florentino Pérez firmó un acuerdo en 2009 con el ejecutivo del entonces presidente Ramón Luis Valcárcel por la construcción y gestión de la planta por 500 millones de euros. El acuerdo iba acompañado por una cláusula indemnizatoria por 559 millones de euros si finalmente se rescindía el contrato. Sin embargo, cuando el Gobierno regional incumplió en los primeros pagos a la empresa Hydro Management, el grupo ACS contraatacó con la petición de 600 millones de euros.

La petición se dividió en 400 millones por la construcción de la planta -aunque la edificación está valorada en 125 millones según refleja la empresa auditora de las cuentas de la sociedad- y otros 200 millones, por lucro cesante, según recoge la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Murcia por presunta corrupción en la gestión de la desaladora, presentada por el abogado Diego de Ramón.

El gobierno murciano pudo hacer frente inicialmente a la petición de Florentino Pérez llegando a un acuerdo. El Ejecutivo pagó a la empresa que construyó la desaladora los 22 millones de euros que le debía por los años 2012 y 2013. Sin embargo ahora la viabilidad de la planta vuelve a estar en cuestión tras un informe interno del nuevo ejecutivo regional, otra vez en manos del PP tras las últimas elecciones autonómicas.

Las cuentas no salen

El informe presentado por los servicios jurídicos de la consejería de Presidencia de Murcia asegura que la planta de agua es "inviable" y propone la disolución de la misma para frenar los "daños patrimoniales".

Las cuentas de la empresa no salen. La desaladora de Escombreras se ha convertido en un agujero por el que se cuela el dinero de las arcas municipales. La sociedad acumuló unas pérdidas de más 13 millones de euros en 2013, según las últimas cuentas depositadas. A esa cantidad se suma el dinero anual que tiene que pagar el ejecutivo regional a la empresa del presidente de ACS, Florentino Pérez, según el contrato firmado con el anterior gobierno de Valcárcel. "La construcción no le costó dinero al gobierno regional porque pactó que la edificación se pagaría con la producción de agua. Esta operación nos produce dudas sobre su legalidad porque es una obra pública sin concurso", explica Joaquín López, diputado socialista de la Asamblea de Murcia.

El contrato entre comunidad y grupo garantizaba el pago de los 500 millones de euros al grupo ACS por 25 años. La empresa de Florentino Pérez cobraría dicha cantidad fracturada hasta 2034. El primer desembolso se haría en 2009 por 4 millones de euros, una cifra que crecería con la actualización del IPC hasta alcanzar los 26 millones de euros para 2034. Según el contrato, en 2015, la comunidad debería haber abonado 13,9 millones de euros.

La desaladora de Escombreras lleva ocho años abierta, aunque en los últimos años no produce ni al 10% de su capacidad, según explica Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del sureste, en Murcia. No tiene a quién vender el agua. El objetivo era producir 50 hectómetros cúbicos anuales, y actualmente sólo genera cuatro. El proyecto nació al fulgor del boom inmobiliario. Situado en plena costa, a tan sólo 20 kilómetros al sur de Cartagena, la planta iba a abastecer de agua a todo el desarrollo urbanístico del complejo bautizado como 'Novo Carthago'. El plan proyectaba una macrourbanización de 10.000 viviendas, dos campos de golf y hoteles. Casi diez años después, hay desaladora, pero no complejo urbanístico.

El caso, en la Fiscalía

El ejecutivo de Murcia remitió la pasada semana el informe de los servicios jurídicos a la Fiscalía que lleva el caso. "Queremos que cierre la desaladora, que envíen los documentos necesarios al juzgado y que caiga quien tenga que caer -insiste Pedro García-. A Florentino le da igual que la desaladora cierre. Él va a exigir que se le pague y, si no se paga, ya se resolverá en los tribunales. Si el contrato está bien hecho, el gobierno deberá seguir pagando aunque no se produzca agua".

Por el momento, el gobierno al que hace referencia García, guarda silencio sobre el asunto. El nuevo Gobierno de Pedro Antonio Sánchez (PP) tras las autonómicas del 24 de mayo asegura que no tiene nada que decir al respecto, pese al intento de este periódico de hablar con el ejecutivo en hasta cinco ocasiones. El grupo ACS también ha declinado hacer declaraciones.

La poca transparencia respecto al contrato entre el gobierno y la empresa constructora ha llevado a los partidos de la oposición a pedir una comisión de investigación en la Asamblea regional. El socialista Joaquín López confirma que aún no está aprobada y que habrá que esperar a septiembre, mientras que fuentes del partido Ciudadanos denuncian que no tienen datos de la gestión y exigen conocer los pormenores de la obra, desde las licencias concedidas, hasta su bajo rendimiento.

Nuevo Regimen de Garantias para los compradores sobre planos y promotores de viviendas

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A partir del 1 de enero de 2016 entrará en vigor el nuevo régimen de garantía de compradores sobre plano y los promotores de vivienda no se verán obligados a suscribir un seguro, sino que podrán optar por una garantía financiera para cubrir el mismo riesgo, según se regula en la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, publicada el miércoles en el BOE.

Se acaba así con el actual régimen basado en un sistema dual de pólizas -pólizas colectivas y certificados individuales de seguros de caución-. También se introducen modificaciones sobre la percepción de cantidades a cuenta del precio durante la construcción en la Ley de Ordenación de la Edificación.

La norma obligará a garantizar, desde la obtención de la licencia de edificación, la devolución de las cantidades entregadas más los intereses legales, mediante contrato de seguro de caución suscrito con entidades aseguradoras o mediante aval solidario emitido por entidades de crédito, para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin en el plazo convenido para la entrega de la vivienda.

Cuentas específicas

Si se opta por las garantías, deberán percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de entidades de crédito en las que habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor, incluido el supuesto de comunidades de propietarios o sociedad cooperativa, y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas.

Para la apertura de estas cuentas, la entidad de crédito, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía financiera. Ésta se extenderá sobre las cantidades aportadas por los adquirentes, incluidos los impuestos y el interés legal del dinero.

Si se pretende que un contrato de seguro de caución sirva como garantía de las cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, deberá suscribir una póliza de seguro individual por cada adquirente, en la que se identifique el inmueble para cuya adquisición se entregan los anticipos.

La suma asegurada incluirá la totalidad de las cantidades anticipadas en el contrato de compraventa, incluidos los impuestos aplicables, incrementada en el interés legal del dinero desde la entrega efectiva del anticipo hasta la fecha prevista de la entrega por el promotor.

El tomador será el promotor, quien pagará la prima por todo el periodo de vigencia hasta la elevación a escritura pública del contrato de compraventa. El asegurado, por su parte, será el adquirente que figure en el contrato de compraventa, lo que evitará algunos abusos detectados en los últimos años.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. La falta de pago de la prima por el promotor no será, en ningún caso, excepción oponible. Y además, la duración del contrato no podrá ser inferior a la del compromiso para la construcción y entrega de las viviendas.

En caso de prórroga para la entrega de las viviendas, el promotor podrá alargar el seguro, debiendo informar al asegurado. Y, además, la aseguradora podrá comprobar los documentos del promotor que guarden relación con sus obligaciones con los asegurados.

Si la construcción no se inicia o no llega a buen fin en el plazo convenido, el asegurado, siempre que haya requerido de manera fehaciente al promotor para la devolución de las cantidades aportadas a cuenta y si este en el plazo de 30 días no ha procedido a su devolución, podrá reclamar al asegurador la indemnización. El asegurado podrá reclamar, también, al asegurador cuando no sea posible la reclamación previa al promotor. El asegurador tendrá 30 días para pagar.



DESESTIMADO el recurso de amparo solicitado por el coordinador de la seguridad privada de la familia Tous

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SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 1281-2013, promovido por don Lluís Corominas Padullés, representado por el Procurador de los Tribunales don Jaime Briones Méndez y asistido por los Abogados don Carlos Bueren Roncero y don Óscar Morales García, contra la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de fecha 28 de noviembre de 2012, dictada en el recurso de casación núm. 913-2012, por la que se declaró no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de marzo de 2012 (Sala de lo Civil y Penal) en el rollo de apelación núm. 29-2011. Esta última resolución, por su parte, había estimado el primer motivo del recurso interpuesto por la acusación particular constituida por doña Huseni Burbuque y representada por la Procuradora de los Tribunales doña Begoña Sáez Pérez, anulando el veredicto de inculpabilidad emitido por el Tribunal del Jurado en el procedimiento núm. 29-2009, así como la Sentencia de 21 de junio de 2011 derivada del mismo, procedentes del seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Manresa como procedimiento jurado núm. 2-2006, ordenándose la celebración de nuevo juicio ante un nuevo Tribunal del Jurado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
 
I. ANTECEDENTES

La Sentencia de la Audiencia Provincial declaraba probado, de conformidad con el veredicto del Jurado, lo siguiente:

“PRIMERO.- El acusado Lluís Corominas Padullés, nacido el 13 de junio de 1961, y sin antecedentes penales, desde enero de 2006, se hallaba habilitado como Director de Seguridad con TIP nº 3762, sin ejercer oficialmente actividad profesional de seguridad privada.

SEGUNDO.- El acusado actuaba a modo de coordinador de seguridad privada de la familia Tous.

TERCERO.- En la fecha de los hechos, el acusado era socio y administrador único de la sociedad ‘CES 21, SL’, desarrollando la mencionada actividad de manera vinculada a esta empresa.

CUARTO.- Alrededor de las 19 horas del día 9 de diciembre de 2006, el acusado recibió una llamada telefónica de uno de los auxiliares de control encargados del control del servicio de videovigilancia de las viviendas de la familia Tous, sitas principalmente de (sic) la Urbanización Pineda de la localidad de San Fruitós de Bages en la que le comunicaba que, a través de las cámaras de seguridad, había observado la presencia de intrusos dentro de la finca del matrimonio Tous (suegros del acusado), y que ya había avisado a los Mossos d’Esquadra.

QUINTO.- En esos momentos, no se encontraba en el interior del domicilio de los Sres. Tous ninguno de sus moradores.

SEXTO.- El acusado, pasados unos minutos de las 19 horas del día 9 de diciembre de 2006, se dirigió hacia la Avenida Pirineus con calle Cardona de dicha Urbanización, y paró el vehículo Mercedes con matrícula 8806 DRX que conducía delante de la puerta principal del domicilio de sus suegros portando consigo la pistola semiautomática de la marca Glock de su propiedad, cargada con siete cartuchos ordinarios de calibre 9 mm parabellum y con un cartucho del calibre 9 mm parabellum que montaba una bala expansiva de punta perforada, siendo esta última considerada munición prohibida.

SÉPTIMO.- Una vez hubo llegado a la Avenida Pirineus, y hallándose fuera del vehículo, el acusado se percató de la presencia de un vehículo aparcado en la calle Pastor de la misma urbanización.

OCTAVO.- Al sospechar que podía estar relacionado con los intrusos, el acusado decidió subir de nuevo al vehículo y dirigirse hacia donde se hallaba dicho automóvil, tratándose de un Renault Megane con matrícula 1164-FHN, percatándose, al llegar a su altura, de que en su interior había dos personas ocupando el asiento del conductor y del copiloto, y deteniendo allí su vehículo.

NOVENO.- Los ocupantes del Renault Megane, Sinani Gazmend y Dulji Kosum, formaban parte de un grupo de personas que estaban intentando cometer un robo en la mencionada finca.

DÉCIMO.- En el momento en que el acusado detuvo su vehículo a la altura del Renault Megane, el conductor de este último inició su marcha.

UNDÉCIMO.- El acusado, utilizando la pistola semiautomática que portaba, efectuó dos disparos al vehículo.

DECIMOSEGUNDO.- Ambos proyectiles penetraron en el habitáculo delantero del vehículo a través del cristal de la ventanilla delantera izquierda, alojándose uno de ellos en la parte interior de la puerta delantera derecha del vehículo, mientras que el otro proyectil penetró por la parte posterior izquierda del cráneo de Sinani Gazmend, quien ocupaba el lugar del conductor, y salió por la parte delantera frontal del cráneo hasta impactar contra la parte inferior derecha del parabrisas.

DECIMOTERCERO.- El proyectil que alcanzó el cráneo de Sinani Gazmend causó de forma irremediable su muerte, al provocarle una lesión cerebral global con necrosis del tronco encefálico con encefalopatía mecánica, produciéndose su desconexión de los medios instrumentales médicos a las 10,30 horas del día 11 de diciembre de 2006.

DECIMOCUARTO.- Inmediatamente después de efectuar los disparos, el acusado bajó de su vehículo, y mantuvo encañonado al copiloto, identificado como Dulji Kosum, mientras esperaba la llegada de los Mossos d’Esquadra.

DECIMOQUINTO.- En el momento en que el acusado se acercó al vehículo Renault Megane, los ocupantes Sinani Gazmend y Dulji Kosum hicieron un movimiento brusco.

DECIMOSEXTO.- Ese movimiento brusco hizo creer al acusado que iban a dispararle.

DECIMOSÉPTIMO.- El acusado disparó su arma para defenderse del ataque del que creyó erróneamente que estaba siendo objeto.

DECIMOCTAVO.- Los disparos efectuados eran necesarios para responder al ataque que el acusado se representó como procedente de los ocupantes del Renault Megane.

DECIMONOVENO.- Los disparos efectuados eran proporcionados al ataque que el acusado se representó como procedente de los ocupantes del Renault Megane.

VIGÉSIMO.- Inmediatamente antes de que el acusado se dirigiera al Renault Megane, el vigilante de seguridad le informó de que los dos asaltantes que estaban en la casa bajaban hacia la puerta de salida donde el acusado se encontraba, advirtiéndole de que parecían ir armados, y de que los Mossos d’Esquadra aún no habían llegado; información que, unida al conocimiento del asalto de días previos, le provocó un temor a sufrir algún mal sobre su persona.

VIGESIMOPRIMERO.- El miedo que sintió el acusado procedía de una amenaza real, seria e inminente para su persona.

VIGÉSIMOSEGUNDO.- El acusado disparó con su arma determinado por el miedo que sentía.

VIGÉSIMOTERCERO.- Después de efectuar los disparos, el acusado realizó una llamada a los Mossos d’Esquadra, reclamando el envío de una ambulancia, y permaneciendo en el lugar de los hechos.

VIGESIMOCUARTO.- El día 15 de diciembre de 2006, el acusado pagó a través del Juzgado la cantidad de 150.000 euros en concepto de indemnización por la muerte de Sinani Gazmend.

VIGÉSIMOQUINTO.- Sinani Gazmend estaba casado con Huseni Burbeque y tenían un hijo común menor de edad llamado Rinor Sinani.

VIGÉSIMOSEXTO.- Los padres de Sinani Gazmend, Xhfafer Sinani y Nexhmije Halimi, le han sobrevivido.

VIGÉSIMOSÉPTIMO.- El vehículo Renault Megane, matrícula 1164-FMN, propiedad de la empresa ‘Julio Sánchez 4 por 4, SL’, resultó con daños cuya cuantía asciende a 617 euros.”

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Desestimar el recurso de amparo solicitado por don Lluís Corominas Padullés.

Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”.

Dada en Madrid, a ocho de junio de dos mil quince.

El juez del "caso Rato" sólo ve por ahora delito fiscal en la conducta del exvicepresidente

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El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que  investiga al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a raíz de la denuncia  presentada contra él por la Agencia Tributaria, descarta por el momento la  existencia del delito de alzamiento de bienes que la Fiscalía procedió contra él  junto con otros cinco contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de  capitales.

Por el momento únicamente ve "perfilado" el delito fiscal y no se pronuncia  sobre éste último.

Así señala en un auto de fecha 1 de julio en el que desestima el recurso  presentado por la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) contra la decisión  inicial del juez de no permitirles personarse en la causa como acusación  popular.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda  a ADADE que la propia Audiencia Provincial de Madrid descartó la existencia del  alzamiento de bienes cuando atribuyó la competencia a su juzgado, y que éste  sería el único delito que podría justificar la personación de este colectivo por  una "genérica relación con 'los casos más importantes de corrupción'" que según  ellos mismos son objeto de sus actividades.

De lo ahora investigado, señala el juez, "el único delito que empieza a  aparecer perfilado" es el cometido contra la Hacienda Pública. Añade que esta es  una conducta "sin relación por ahora con hechos que se puedan relacionar con  actos de corrupción" y cuyo concreto perjudicado es el Estado, al que representa  la Abogacía del Estado ya personada en la causa.

Significación mediática

La única "especial relevancia" del caso por el momento, continúa  Serrano-Artal en su auto, "no es otra que la significación social y por ello  mediática del denunciado, "lo que resulta a todas luces insuficiente" para  fundamentar la personación de ADADE en la causa.

Precisamente este martes, el juez ha citado en calidad de testigo el próximo  20 de julio a la inspector jefe de la Oficina nacional de Investigación contra  el Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas.

La citación se produce en coincidencia con el levantamiento del secreto de la  pieza documental del caso, que estalló el pasado 16 de abril cuando el  exmandatario fue detenido por unas horas y su domicilio y su oficina personal  registradas por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera en cumplimiento de  una denuncia presentada ante la Fiscalía de Madrid por la Agencia  Tributaria.

En su denuncia ante la Fiscalía de Madrid la  Agencia Tributaria destacaba  dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias  cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, que es el importe mínimo  previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible  delito de blanqueo de capitales según el Miniserio Público.

El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que  investiga al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a raíz de la denuncia  presentada contra él por la Agencia Tributaria, descarta por el momento la  existencia del delito de alzamiento de bienes que la Fiscalía procedió contra él  junto con otros cinco contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de  capitales.

Por el momento únicamente ve "perfilado" el delito fiscal y no se pronuncia  sobre éste último.

Así señala en un auto de fecha 1 de julio en el que desestima el recurso  presentado por la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) contra la decisión  inicial del juez de no permitirles personarse en la causa como acusación  popular.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda  a ADADE que la propia Audiencia Provincial de Madrid descartó la existencia del  alzamiento de bienes cuando atribuyó la competencia a su juzgado, y que éste  sería el único delito que podría justificar la personación de este colectivo por  una "genérica relación con 'los casos más importantes de corrupción'" que según  ellos mismos son objeto de sus actividades.

De lo ahora investigado, señala el juez, "el único delito que empieza a  aparecer perfilado" es el cometido contra la Hacienda Pública. Añade que esta es  una conducta "sin relación por ahora con hechos que se puedan relacionar con  actos de corrupción" y cuyo concreto perjudicado es el Estado, al que representa  la Abogacía del Estado ya personada en la causa.

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