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BlaBlaCar seguirá su actividad en España: la justicia tumba la suspensión cautelar solicitada por Confebús

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El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, ha denegado la adopción de las medidas cautelares solicitadas por la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) en el marco de la demanda interpuesta por ésta contra Blablacar y que suponían el cese de actividad de la plataforma digital para compartir viajes por Internet, según el texto de la resolución.

Entre otros razonamientos jurídicos expresados en los fundamentos de derecho de la resolución, el juez establece que no ha lugar al acuerdo de las medidas cautelares solicitadas porque lo que "en verdad se pretende (es) anticipar en cierta forma el resultado del fallo (del procedimiento), al pedir el cese de los actos de competencia desleal, lo que tiene un marcado efecto anticipatorio, puesto que es uno de los pedimentos de la demanda".

En ese sentido, el magistrado explica que "el solicitante (Confebús) deberá acreditar cuáles son los hechos que fundamentan la existencia actual, siquiera indiciaria, del peligro alegado".

El juez recuerda además que "no se permite que con la medida cautelar se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante largo tiempo", dado que la situación demandada viene sucediendo desde tiempo atrás, pues la plataforma Blablacar se implantó en España en 2009.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, sala especializada en los expedientes mercantiles, en el plazo de veinte días.

  Blablacar ha expresado su "total satisfacción" ante la decisión del magistrado y ha puesto de manifiesto que siempre ha confiado en la "solidez" de los argumentos presentados al juez. "Y nos reconforta que así hayan sido valorados", según indica en un comunicado.

2,5 millones de usuarios en España

  Para la plataforma líder en viajes en coche compartido del mundo, esta decisión es, por tanto, coherente con la consideración que el coche compartido tiene en toda Europa y permite que los más de 2,5 millones de usuarios de BlaBlaCar en España puedan seguir compartiendo sus viajes.

  "Este ha sido el primer paso de un proceso que afrontamos con la convicción y confianza de poder seguir explicando lo que somos y lo que no somos ante el juez", señala.

  Blablacar agradece las muestras de apoyo recibidas por los miembros de su comunidad y por diferentes agentes sociales que han entendido que la plataforma es "una nueva forma de viajar más asequible, más social y más sostenible, basada en compartir coche y compartir gastos entre usuarios privados sin ánimo de lucro".

  Por último, la plataforma reitera que su modelo responde a una nueva mentalidad "más social, más tecnológica y más sostenible, que ya es una realidad en España, no solo en nuestro ámbito, sino en el de tantos otros que conforman y definen una economía más colaborativa".

Hacienda corrige el sistema de comprobación de valores sobre inmuebles a favor de las tasaciones periciales.

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Los casi 20.000 recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desde 2013, las quejas unánimes de los agentes del mercado inmobiliario y, sobre todo, una sentencia del TSJCV que anula el método de valoración de inmuebles que aplica el Consell para el cálculo de los impuestos, han servido para que la Conselleria de Hacienda adopte medidas y cambie un sistema que a ojos de todos era injusto.

La Conselleria de Hacienda ha diseñado un nuevo método de valoración de inmuebles que tiene tres grandes ejes: mantiene el sistema de coeficientes pero los ajusta al valor actual de mercado, garantiza el envío de un perito en aquellos casos en los que exista conflictividad y distingue por zonas y distritos en las ciudades de Valencia y Alicante, ya que en el caso de Castellón habrá que esperar a que el Ayuntamiento realice esta división zonal de la ciudad para el cálculo de diversos impuestos.

El objetivo es claro: «Otorgar garantía jurídica y acabar con la conflictividad judicial que ha llevado a la presentación en el pasado de miles de recursos contra la Generalitat», indica el conseller de Hacienda, Vicent Soler.

Además, el nuevo sistema asumirá las tasaciones hipotecarias que avalen los bancos y excluye de la aplicación automática de los coeficientes a las plantas bajas y locales, a las que se enviará un perito para realizar la valoración, mientras que los garajes son objeto de un tratamiento diferenciado con coeficientes diferentes. Todo ello para afinar al máximo teniendo en cuenta la naturaleza del bien, «de ahí la flexibilidad del nuevo modelo», recalca el conseller. Esto, «unido a la mayor aproximación al valor de mercado, son dos ventajas clave de la nueva regulación», añade Soler.

El modelo se traducirá en breve en una orden de la Conselleria y es consecuencia de una reciente sentencia del TSJCV en la que consideraba inadecuado el método de valoración de bienes como viviendas, garajes o trasteros aprobado por la Generalitat en 2013, precisamente tras otro fallo anterior del TSJCV en el que se anuló también el sistema existente hasta ese momento. La resolución judicial se refiere a un caso concreto, pero comportará la previsible estimación en cascada de las miles de liquidaciones recurridas por los ciudadanos y pendientes.

Sin embargo, hay sentencias adoptadas por otros tribunales en sentido contrario en otras comunidades, por lo que la Conselleria, tras la consulta a la Abogacía de la Generalitat, elevará el caso al Tribunal Supremo para que unifique el criterio a seguir en todo el territorio.

La ley obliga al Consell a recurrir siempre que la Abogacía considere que hay base, y es lo que ha ocurrido ante la existencia de sentencias contradictorias en diferentes autonomías. Entre tanto, la Generalitat va a poner en marcha un nuevo modelo, que espera que sea el definitivo al margen de lo que dictamine el Supremo, para conciliar las exigencias del TSJ y la capacidad de la Generalitat a la hora de verificar el valor de los inmuebles.

Hasta ahora, la Conselleria de Hacienda revisaba lo declarado por cada contribuyente y, si el importe era inferior al calculado por Hacienda, le tramitaba una liquidación para que abonara la diferencia. Para fijar ese valor, se utilizaba uno de los dos métodos establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria. En octubre de 2013, el TSJ tumbó el sistema aplicado hasta entonces al anular las liquidaciones realizadas mediante el llamado 'dictamen de perito', consistente en que estos especialistas efectuaban la valoración en función de diferentes criterios pero sin comprobar in situ el inmueble. El anterior Consell aprobó un nuevo modelo de valoración, basado en la aplicación al valor catastral de los inmuebles de unos coeficientes que se revisaban anualmente para cada municipio y que figuraban en una orden de la Conselleria. Estos valores eran globales por municipios, sin distinguir entre barrios. El tribunal ha entendido que tampoco se cumple con el criterio fijado en 2013: la comprobación del valor ha de ser individualizada.

El procedimiento que se seguirá a partir de ahora mantiene el sistema de aplicación de coeficientes a los valores catastrales pero introduciendo importantes novedades. «De entrada, se han ajustado las cuantías a la situación actual del mercado inmobiliario, lo que comporta una reducción del valor», informa el conseller de Hacienda. Pero, además, «se ha realizado un ajuste por zonas y distritos que, de momento, alcanza a las ciudades de Valencia y de Alicante».

Asimismo, de la aplicación automática de los coeficientes se han excluido las plantas bajas y locales, a las que se enviará un perito para realizar la valoración, mientras que los garajes son objeto de un tratamiento diferenciado con coeficientes diferentes. Ahora bien, en caso de que el ciudadano siga discrepando de la valoración que le haya hecho la Generalitat, se enviará un perito. Pero solo en los supuestos de conflictividad. De este modo, se quiere compatibilizar el criterio de los jueces de comprobación in situ con un procedimiento que el Consell puede realizar con los medios con los que dispone. Así, se pretende hacer viable la gestión de las comprobaciones de valores. Otra novedad es que, en caso de que exista un peritaje hipotecario -siempre que forme parte de la documentación incluida en el préstamo que otorga el banco-, se asumirá el cálculo realizado por este profesional y no se aplicará los coeficientes.

Andrés Herzog de UPyD ha comentado que es "decepcionante" que la Universidad Carlos III "se preste a defender a Rodrigo Rato.

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Los peritos de Rato avalan su gestión y responsabilizan a Deloitte de los errores en las cuentas de Bankia shaune fraser
 
Los peritos de Rato avalan su gestión y responsabilizan a Deloitte de los errores en las cuentas de Bankia / Expansión / Tres catedráticos de la Universidad Carlos III designados por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato han ratificado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu el informe pericial que les encargó sobre su gestión al frente de la entidad.

En él se avala su labor y se responsabiliza a la auditora Deloitte de los posibles errores en las cuentas de salida a Bolsa de la entidad en 2011. El informe ya era conocido por el juez, por lo que los peritos se han limitado a ratificar en sede judicial su contenido, que es contrario a las conclusiones de los peritos judiciales designados en su día por el Banco de España, que consideraron que los datos ofrecidos por Bankia para el inicio de su cotización no eran "fiables".

Según el abogado y máximo dirigente de UPyD Andrés Herzog, presente en el acto en calidad de acusación popular, los tres catedráticos han achacado a la auditora de Bankia, Deloitte, los posibles errores en las cuentas.
Herzog aseguró tras el acto que es "decepcionante" que la Universidad Carlos III "se preste a defender las tesis de un señor imputado por múltiples delitos, con una carrera criminal de más de una década". A su entender, estos peritos de parte no han explicado cómo las cuentas presentadas por Rato arrojaban unos beneficios de 300 millones de euros y poco después se tuviera que rescatar la entidad por 22.000 millones.

Según explicó, la tesis de los catedráticos es que la entidad "iba perfectamente" y tenía unas cuentas saneadas que daban "beneficios", por lo que el citado rescate "no hacía falta". Herzog entiende que esta afirmación no se sostiene.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputó en julio de 2012 al exvicepresidente de Gobierno y expresidente de Bankia, junto a cerca de 30 miembros de su Consejo de Administración, por delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

Se crea una guía de Buenas Prácticas para los Peritos Judiciales Europeos bajo la Norma UNE 197001

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Los peritos judiciales europeos han dado un paso en común al aprobar la creación de una Guía de Buenas Prácticas del Perito Judicial para regular la práctica pericial en el conjunto de la Unión Europea según se aprobó en una jornada convocada por el Instituto Europeo de Expertos y Peritaje celebrada recientemente en Roma.

Dicho encuentro contó con la presencia y colaboración de magistrados, abogados peritos y profesores universitarios de distintos países de la Unión, quienes a través de diferentes mesas redondas y talleres de trabajo expusieron las problemáticas y vías de solución de la pericia judicial.

Un paso en este sentido es la creación de la Guía de Buenas Prácticas del Perito Judicial que en estos momentos está elaborando un jurado compuesto por personalidades europeas del ámbito jurídico. Grupo de profesionales que está realizando un estudio minucioso de las conclusiones de todos los grupos asistentes a la reunión de Roma para emitir estas recomendaciones con la finalidad de ser difundida y aplicada en todos los países del marco europeo y en concreto en los respectivos Tribunales de Justicia.

La guía identificará los valores que deben orientar la relación de los peritos con sus diferentes grupos de interés (clientes, compañeros de profesión, jueces, etc.) y establecerá un marco que facilite la generación de confianza, incremente el orgullo de pertenencia y mejore la credibilidad y reputación. Para José Luis Barceló, perito judicial y experto en coleccionismo numismático y filatélico, "esta guía supone una oportunidad extraordinaria para los miles de peritos que actuan ante la Administración de Justicia, muchas veces de oficio".

Por su parte Mª Jesús Ferreiro, presidenta de la Asociación de Peritos Judiciales colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana apunta que “en una sociedad técnicamente cada día más compleja, el informe pericial se ha convertido en un recurso básico para la resolución de conflictos. Los peritos de la Asociación y en el Consejo de España son muy conscientes de la responsabilidad que supone este trabajo y velan porque el mismo discurra por la senda del respeto con la sociedad, el mundo empresarial y la Justicia en todos sus ámbitos”.
 
Grupo Pericial que viene utilizando un código deontologico interno suma la estructura UNE del informe pericial para generar calidad y transparencia.
 

APROBADA las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal

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El Pleno del Congreso de los Diputados dio salida ayer a toda una serie de textos legales de calado, entre ellos dos de las reformas más sonadas del Ministerio de Justicia, las últimas que quedaban por aprobar.

Misión cumplida. El Ministerio de Justicia ha logrado sacar adelante en el trámite parlamentario todas las reformas que se había propuesto. Las últimas se aprobaron definitivamente ayer en un Pleno del Congreso que dio luz verde a toda una batería de reformas de diferentes ministerios.

El ministro de Justicia defendió en la Cámara Baja los dos proyectos que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal, uno para la agilización de la justicia penal y el otro para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, así como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entre sus medidas estrella incluye el ambicioso objetivo de lograr acabar con el papel en la Justicia a partir del 1 de enero de 2016.

 

Enjuiciamiento Criminal

Entre las cuestiones más polémicas de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) está la de limitar a los jueces los plazos de instrucción, con un periodo ordinario de seis meses en causas sencillas y de 18 en las complejas, y con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses.

En la tramitación parlamentaria se aprobó que la Fiscalía ya no será la única parte que podrá solicitar prórrogas a estos plazos, y el Congreso introdujo la obligación de proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, una medida que, tras recibir fuertes críticas, fue matizada en su paso por el Senado.

Además, el texto sustituye el término de imputado por investigado, en una primera fase, y encausado si se mantiene la acusación a medida que avanza la investigación. La reforma aporta también importantes novedades en las medidas de investigación tecnológica, adaptándose a las nuevas realidades de la era digital.

Durante el debate en el Congreso, la oposición criticó la "falta de coraje" por no incluir en la reforma de la LECrim la atribución definitiva de la instrucción a los fiscales, una medida que sí contemplaba el texto del exministro Alberto Ruiz-Gallardón, pero que Catalá decidió dejar al margen ante la premura del fin de legislatura.

En cuanto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el texto exige que tanto los profesionales como los órganos judiciales estén obligados a emplear los medios electrónicos en la presentación de escritos y documentos, y se introducen cambios en los procesos monitorios y en la regulación del juicio verbal.

 

Entra en vigor la Ley del Poder Judicial

Ayer entró en vigor otro de los grandes proyectos de la legislatura: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El texto tiene como objetivo agilizar la Justicia, mejorar el reparto de la carga de trabajo entre juzgados y permitir una mayor especialización de jueces y magistrados, tal y como ha defendido el ministro Rafael Catalá.

La reforma tiene efectos inmediatos para cuestiones como el cambio de nombre de los secretarios judiciales, que a partir de ahora pasan a llamarse letrados de la Administración de Justicia, e incluye otras medidas, como la que elimina la responsabilidad directa de jueces y magistrados, que se asimilará a la del resto de empleados públicos.

Se introduce, además, un importante cambio en el recurso de casación, eliminando el umbral mínimo de 600.000 euros que la ley establecía para poder recurrir ante el Tribunal Supremo en la jurisdicción contencioso-administrativa, y se sustituye por el concepto de interés casacional.

 

Reformas aprobadas en el Congreso de los Diputados

  • En la tramitación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) se ha introducido una novedad relevante para los abogados: sus herederos podrán reclamar los honorarios no satisfechos después de su fallecimiento.
  • La reforma de la LEC pretende la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales, con el objetivo de 'papel cero' en los juzgados.
  • La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE, impone a los jueces plazos para instruir y sustituye el término judicial 'imputado' por 'investigado' o 'encausado'.
  • El nuevo proceso penal trata de evitar, además, las macrocausas con la regla de conexidad, que favorece la división en distintas piezas, y así reducir los tiempos de instrucción.
  • Se crea, además, una segunda instancia penal que permitirá a los tribunales superiores de Justicia revisar sentencias dictadas por las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional contará con una sala de apelación que se ocupará de las dictadas por este tribunal.
  • Otras modificaciones afectan a los atestados sin autor conocido, que ya no generarán la apertura de diligencias judiciales, y a la ampliación del decomiso.
  • Hay novedades también en cuanto a la incomunicación de los detenidos, medida que los jueces deberán justificar en un auto, y contempla que estos arrestados incomunicados se someterán a dos revisiones médicas cada 24 horas.
  • En la investigación tecnológica, se introduce la figura del agente encubierto en Internet, que podrá emplear identidad falsa. Se amplía la interceptación de comunicaciones que afectará ahora a Whatsapp, SMS y escuchas ambientales.
  • Otra reforma aprobada ayer en el Congreso fue la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho, que pasa ahora al Senado.
  • Por su parte, el proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público recibió el espaldarazo necesario para su aprobación definitiva.
  • Recibieron luz verde también el proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar y la reforma de la Ley de la Carrera Militar.

Misión cumplida. El Ministerio de Justicia ha logrado sacar adelante en el trámite parlamentario todas las reformas que se había propuesto. Las últimas se aprobaron definitivamente ayer en un Pleno del Congreso que dio luz verde a toda una batería de reformas de diferentes ministerios.

El ministro de Justicia defendió en la Cámara Baja los dos proyectos que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal, uno para la agilización de la justicia penal y el otro para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, así como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entre sus medidas estrella incluye el ambicioso objetivo de lograr acabar con el papel en la Justicia a partir del 1 de enero de 2016.

 

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