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Coca-Cola pelea en EEUU por la exclusiva de la marca 'Zero'

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El mes pasado, Canadá rechazó el intento de Coca-Cola de patentar la palabra inglesa Zero, que utiliza en sus marcas bajas en calorías, incluyendo Coca-Cola Zero, Sprite Zero,  Powerade Zero o Fanta Zero. Todo ello, después de que su mayor competidor a nivel mundial, el grupo PepsiCo, se opusiera a la medida.

Sin embargo, según publicó ayer The Wall Street Journal, la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU se está preparando para resolver un nuevo contencioso entre el gigante de los refrescos de Atlanta y Dr. Pepper Snapple Group, que ha lanzado también una bebida sin azúcar llamada Zero, trece años después de que apareciera la primera Coca-Cola con este apellido.

Una y otra compañía han registrado en los últimos meses cientos de páginas con sus argumentos ante la oficina de marcas norteamericana y, según The Wall Street Journal, se espera que la resolución final pueda conocerse antes del próximo verano. Todo ello sobre la base de los conflictos de registro de marcas anteriores, según han asegurado al rotativo fuentes próximas al caso.

Si Coca-Cola consigue imponer su teoría y ganar la batalla,  podría demandar más fácilmente a todos aquellos grupos que tratan de imitarla y copian sus nombres y logos, algo que también sucede en España, tanto por empresas de la competencia como por las marcas blancas.  Pero si pierde, la multinacional podría enfrentarse a una avalancha de nuevos productos que a partir de ahora usen el mismo nombre y diluyan así el valor final de la marca. Para la empresa la palabra Zero es fundamental, debido a la mala imagen que siguen teniendo otros términos, como Diet, ante la creencia cada vez más extendida entre los consumidores, aunque no exista prueba de ello, de que los edulcorantes artificiales podrían causar cáncer.

El líder mundial de los refrescos confirmó, de hecho, el pasado martes que las ventas a nivel mundial de Coca-Cola Zero aumentaron un 6 por ciento en el último año, mientras que las Coca-Cola Light o Diet Coke cayeron en la misma proporción.

Aunque Coca-Cola Light sigue siendo, a pesar de todo, el refresco de cola bajo en calorías más vendido del mundo, con una cuota en el mercado de refrescos del 4,8%, en la última década, desde su lanzamiento Coca-Cola Zero ha conseguido pasar del 0,5% hasta el 3% de participación, según las cifras de la consultora Euromonitor.

En un documento entregado ya por Dr. Pepper en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, esta compañía  mantiene que si se permite a Coca-Cola el uso exclusivo de la palabra Zero, las autoridades "estarán concediendo a la empresa el monopolio de usar una palabra común en el idioma inglés". Coca-Cola mantiene, sin embargo, que se trata de un desarrollo propio de la marca y que debe haber protección ante las copias.

Los informes periciales de patentes y marcas de alto valor en este contencioso

Expropiar suelo saldrá aún más barato tras volver a variar la ley

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Expropiar suelo saldrá aún más barato tras volver a variar la ley

Después de todo lo acontecido en el sector inmobiliario desde que estalló la burbuja de precios y producción de casas, quizás pocos recuerden el fuerte impacto que tuvo la aprobación de la Ley de Suelo (8/2007 y RDL 2/2008). La nueva regulación nació con el propósito de quitarle a los jueces de lo contencioso-administrativo la discrecionalidad con que dictaban en algunas ocasiones los justiprecios de los suelos objetos de expropiación, un fenómeno que, espoleado por la fuerte demanda en tiempos del boom, provocó un fenómeno especulativo que después tuvo serias repercusiones sobre las cuentas y la viabilidad financiera de no pocas compañías.

Así, el legislador redujo las clases en las que se dividía el suelo históricamente y estableció solo dos tipos: situación básica de urbanizado (solares) y situación básica de rural (el resto). De esta manera, si un terreno que hasta ese momento había estado destinado a la producción agrícola tenía que ser expropiado para la construcción de una autovía, debería ser valorado como tal (recuerden aquella frase de la ministra María Antonia Trujillo del patatal valorado como un patatal) y no en función de qué se levantaría sobre el mismo.

Pues bien, aunque la ley nació con vocación rompedora, lo cierto es que el crac del sector y de la economía en general, con la paralización de muchos proyectos de obra civil, fue lo que hizo que se acabaran de un plumazo las valoraciones estratosféricas. En octubre pasado, se aprobó el nuevo texto refundido de la Ley de Suelo que incide todavía más en ese objetivo de abaratar el coste de las expropiaciones y regula de manera más específica las condiciones del suelo urbanizado. Respecto al régimen de valoraciones, asume la sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 en la que se declaró nulo e inconstitucional el máximo de dos para el coeficiente que fijaba la norma del factor de localización.

Esto quiere decir que en la ley original se establecía que aquellos terrenos en situación de rural se podía corregir el valor obtenido por capitalización de rentas de la tierra, aplicándoles un coeficiente de un máximo de dos, si estaban situados próximos a núcleos urbanos o a centros de producción o con determinadas características ambientales, tal y como recuerda Andrés Lorente, director del área de Suelo de Tinsa. Esto suponía un alivio, en el supuesto de una valoracion expropiatoria, para esos suelos que muchos promotores atesoraron en las coronas metropolitanas de las grandes urbes pensando en obtener pingües beneficios y que con la norma de 2008 veían como su valor caía a plomo.

Sin embargo, el alto tribunal declaró inconstitucional ese límite del coeficiente dos y argumentó, tal y como recuerda Ignacio Ortiz, analista de Foro Consultores, que “no estaba justificado en la Ley ni en la exposición de motivos y podía resultar caprichoso evitando obtener el valor real del suelo. Considera el tribunal que puede impedir una determinación de la indemnización expropiatoria acorde con la idea del proporcional equilibrio y que la limitación sea contraria al artículo 33.3 de la Constitución”. Dicho artículo hace referencia a que “nadie podrá se privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por la leyes”.

Ortiz explica que, “siendo una sentencia ajustada a derecho, se puede producir una valoración superior al valor real, cayendo así en un fenómeno especulativo. La justicia o no dependerá de cada caso y de la diferencia que resulte entre el valor calculado y el real”.

Tal y como recuerda Andrés Lorente, el método para valorar el suelo rural consiste en dividir el rendimiento del terreno (calculado por capitalización de rentas de la tierra) entre una tasa de capitalización y a su resultado se le aplicaba, en su caso, ese factor de corrección según la ubicación que ya no puede tener el límite máximo de dos.

“Las determinaciones establecidas en el nuevo texto refundido suponen tasas superiores, lo que se traduce en que los valores pueden ser sensiblemente inferiores a los que se obtenían con la anterior normativa. Si antes se tomaba como referencia el rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública con un plazo entre dos y seis años, ahora se tiene en cuenta la media de los tres últimos años del tipo de interés de las obligaciones del Estado a 30 años (3,663%)”, aclaran desde Tinsa.

Por ello, como las tasas aplicables han subido sensiblemente, esto da como resultado valoraciones de suelo bastante inferiores. Hay casos en los que expropiar ahora con estas nuevas reglas puede suponer un coste para la Administración entre cinco y seis veces inferior del que hubiera sido aplicable con el marco legal de 2008, insiste Lorente.

Cambios cruciales ahora que la actividad se anima

La primera Ley de Suelo que acabó con el antiguo sistema de valoraciones fue aprobada justo antes de que estallara la crisis en toda su gravedad, lo que evitó que pudieran comprobarse los efectos reales que había tenido sobre el mercado.

Ahora, después de la introducción de las últimas novedades puede que sí sea un momento más oportuno. Esto es así porque empieza a reanimarse lentamente la obra civil (dependerá también de la rapidez con que finalmente se forme Gobierno si es que no deben repetirse las elecciones generales); por lo que los expertos consultados coinciden en señalar que se trata de la coyuntura adecuada para poner en marcha un nuevo marco legal que abarate las expropiaciones de suelo. Sobre todo, teniendo en cuenta que todavía hay numerosas administraciones públicas (en especial comunidades autónomas y la Administración central) que deben seguir saneando sus maltrechas finanzas públicas.

El director del área de Suelo de Tinsa, Andrés Lorente, pone como ejemplo una finca en situación de rural en un municipio perteneciente a la corona metropolitana de Madrid. Se estima su valor conforme a cada uno de los criterios. Se parte de una renta calculada para una explotación de cereal en régimen de secano de 600 euros por hectárea. Mientras en el primer caso, aplicando los criterios del Real Decreto Ley 2/2008 se obtendría un valor en situación de origen para ese suelo de 20,51 euros por metro cuadrado. Con las modificaciones aprobadas el pasado 30 de octubre se obtendría un valor de 3,34 euros por metro cuadrado, seis veces inferior al primero. Si a esos 20 euros se les aplicara el viejo coeficiente del dos, se elevarían a 41,02 euros y con el coeficiente de localización sin la limitación del máximo de dos (coeficiente que incluye proximidad a núcleo urbano, a contros de producción y aspectos medioambientales) podría incluso alcanzar los 109,85 euros por metro cuadrado. Sin embargo, con la nueva regulación, esos 3,34 euros se convertirían, por aplicación del mencionado coeficiente, en 17,89 euros por metro cuadrado, es decir 6,14 veces inferior.

BlaBlaCar seguirá su actividad en España: la justicia tumba la suspensión cautelar solicitada por Confebús

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El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, Andrés Sánchez Magro, ha denegado la adopción de las medidas cautelares solicitadas por la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) en el marco de la demanda interpuesta por ésta contra Blablacar y que suponían el cese de actividad de la plataforma digital para compartir viajes por Internet, según el texto de la resolución.

Entre otros razonamientos jurídicos expresados en los fundamentos de derecho de la resolución, el juez establece que no ha lugar al acuerdo de las medidas cautelares solicitadas porque lo que "en verdad se pretende (es) anticipar en cierta forma el resultado del fallo (del procedimiento), al pedir el cese de los actos de competencia desleal, lo que tiene un marcado efecto anticipatorio, puesto que es uno de los pedimentos de la demanda".

En ese sentido, el magistrado explica que "el solicitante (Confebús) deberá acreditar cuáles son los hechos que fundamentan la existencia actual, siquiera indiciaria, del peligro alegado".

El juez recuerda además que "no se permite que con la medida cautelar se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante largo tiempo", dado que la situación demandada viene sucediendo desde tiempo atrás, pues la plataforma Blablacar se implantó en España en 2009.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, sala especializada en los expedientes mercantiles, en el plazo de veinte días.

  Blablacar ha expresado su "total satisfacción" ante la decisión del magistrado y ha puesto de manifiesto que siempre ha confiado en la "solidez" de los argumentos presentados al juez. "Y nos reconforta que así hayan sido valorados", según indica en un comunicado.

2,5 millones de usuarios en España

  Para la plataforma líder en viajes en coche compartido del mundo, esta decisión es, por tanto, coherente con la consideración que el coche compartido tiene en toda Europa y permite que los más de 2,5 millones de usuarios de BlaBlaCar en España puedan seguir compartiendo sus viajes.

  "Este ha sido el primer paso de un proceso que afrontamos con la convicción y confianza de poder seguir explicando lo que somos y lo que no somos ante el juez", señala.

  Blablacar agradece las muestras de apoyo recibidas por los miembros de su comunidad y por diferentes agentes sociales que han entendido que la plataforma es "una nueva forma de viajar más asequible, más social y más sostenible, basada en compartir coche y compartir gastos entre usuarios privados sin ánimo de lucro".

  Por último, la plataforma reitera que su modelo responde a una nueva mentalidad "más social, más tecnológica y más sostenible, que ya es una realidad en España, no solo en nuestro ámbito, sino en el de tantos otros que conforman y definen una economía más colaborativa".

Hacienda corrige el sistema de comprobación de valores sobre inmuebles a favor de las tasaciones periciales.

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Los casi 20.000 recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desde 2013, las quejas unánimes de los agentes del mercado inmobiliario y, sobre todo, una sentencia del TSJCV que anula el método de valoración de inmuebles que aplica el Consell para el cálculo de los impuestos, han servido para que la Conselleria de Hacienda adopte medidas y cambie un sistema que a ojos de todos era injusto.

La Conselleria de Hacienda ha diseñado un nuevo método de valoración de inmuebles que tiene tres grandes ejes: mantiene el sistema de coeficientes pero los ajusta al valor actual de mercado, garantiza el envío de un perito en aquellos casos en los que exista conflictividad y distingue por zonas y distritos en las ciudades de Valencia y Alicante, ya que en el caso de Castellón habrá que esperar a que el Ayuntamiento realice esta división zonal de la ciudad para el cálculo de diversos impuestos.

El objetivo es claro: «Otorgar garantía jurídica y acabar con la conflictividad judicial que ha llevado a la presentación en el pasado de miles de recursos contra la Generalitat», indica el conseller de Hacienda, Vicent Soler.

Además, el nuevo sistema asumirá las tasaciones hipotecarias que avalen los bancos y excluye de la aplicación automática de los coeficientes a las plantas bajas y locales, a las que se enviará un perito para realizar la valoración, mientras que los garajes son objeto de un tratamiento diferenciado con coeficientes diferentes. Todo ello para afinar al máximo teniendo en cuenta la naturaleza del bien, «de ahí la flexibilidad del nuevo modelo», recalca el conseller. Esto, «unido a la mayor aproximación al valor de mercado, son dos ventajas clave de la nueva regulación», añade Soler.

El modelo se traducirá en breve en una orden de la Conselleria y es consecuencia de una reciente sentencia del TSJCV en la que consideraba inadecuado el método de valoración de bienes como viviendas, garajes o trasteros aprobado por la Generalitat en 2013, precisamente tras otro fallo anterior del TSJCV en el que se anuló también el sistema existente hasta ese momento. La resolución judicial se refiere a un caso concreto, pero comportará la previsible estimación en cascada de las miles de liquidaciones recurridas por los ciudadanos y pendientes.

Sin embargo, hay sentencias adoptadas por otros tribunales en sentido contrario en otras comunidades, por lo que la Conselleria, tras la consulta a la Abogacía de la Generalitat, elevará el caso al Tribunal Supremo para que unifique el criterio a seguir en todo el territorio.

La ley obliga al Consell a recurrir siempre que la Abogacía considere que hay base, y es lo que ha ocurrido ante la existencia de sentencias contradictorias en diferentes autonomías. Entre tanto, la Generalitat va a poner en marcha un nuevo modelo, que espera que sea el definitivo al margen de lo que dictamine el Supremo, para conciliar las exigencias del TSJ y la capacidad de la Generalitat a la hora de verificar el valor de los inmuebles.

Hasta ahora, la Conselleria de Hacienda revisaba lo declarado por cada contribuyente y, si el importe era inferior al calculado por Hacienda, le tramitaba una liquidación para que abonara la diferencia. Para fijar ese valor, se utilizaba uno de los dos métodos establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria. En octubre de 2013, el TSJ tumbó el sistema aplicado hasta entonces al anular las liquidaciones realizadas mediante el llamado 'dictamen de perito', consistente en que estos especialistas efectuaban la valoración en función de diferentes criterios pero sin comprobar in situ el inmueble. El anterior Consell aprobó un nuevo modelo de valoración, basado en la aplicación al valor catastral de los inmuebles de unos coeficientes que se revisaban anualmente para cada municipio y que figuraban en una orden de la Conselleria. Estos valores eran globales por municipios, sin distinguir entre barrios. El tribunal ha entendido que tampoco se cumple con el criterio fijado en 2013: la comprobación del valor ha de ser individualizada.

El procedimiento que se seguirá a partir de ahora mantiene el sistema de aplicación de coeficientes a los valores catastrales pero introduciendo importantes novedades. «De entrada, se han ajustado las cuantías a la situación actual del mercado inmobiliario, lo que comporta una reducción del valor», informa el conseller de Hacienda. Pero, además, «se ha realizado un ajuste por zonas y distritos que, de momento, alcanza a las ciudades de Valencia y de Alicante».

Asimismo, de la aplicación automática de los coeficientes se han excluido las plantas bajas y locales, a las que se enviará un perito para realizar la valoración, mientras que los garajes son objeto de un tratamiento diferenciado con coeficientes diferentes. Ahora bien, en caso de que el ciudadano siga discrepando de la valoración que le haya hecho la Generalitat, se enviará un perito. Pero solo en los supuestos de conflictividad. De este modo, se quiere compatibilizar el criterio de los jueces de comprobación in situ con un procedimiento que el Consell puede realizar con los medios con los que dispone. Así, se pretende hacer viable la gestión de las comprobaciones de valores. Otra novedad es que, en caso de que exista un peritaje hipotecario -siempre que forme parte de la documentación incluida en el préstamo que otorga el banco-, se asumirá el cálculo realizado por este profesional y no se aplicará los coeficientes.

Andrés Herzog de UPyD ha comentado que es "decepcionante" que la Universidad Carlos III "se preste a defender a Rodrigo Rato.

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Los peritos de Rato avalan su gestión y responsabilizan a Deloitte de los errores en las cuentas de Bankia shaune fraser
 
Los peritos de Rato avalan su gestión y responsabilizan a Deloitte de los errores en las cuentas de Bankia / Expansión / Tres catedráticos de la Universidad Carlos III designados por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato han ratificado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu el informe pericial que les encargó sobre su gestión al frente de la entidad.

En él se avala su labor y se responsabiliza a la auditora Deloitte de los posibles errores en las cuentas de salida a Bolsa de la entidad en 2011. El informe ya era conocido por el juez, por lo que los peritos se han limitado a ratificar en sede judicial su contenido, que es contrario a las conclusiones de los peritos judiciales designados en su día por el Banco de España, que consideraron que los datos ofrecidos por Bankia para el inicio de su cotización no eran "fiables".

Según el abogado y máximo dirigente de UPyD Andrés Herzog, presente en el acto en calidad de acusación popular, los tres catedráticos han achacado a la auditora de Bankia, Deloitte, los posibles errores en las cuentas.
Herzog aseguró tras el acto que es "decepcionante" que la Universidad Carlos III "se preste a defender las tesis de un señor imputado por múltiples delitos, con una carrera criminal de más de una década". A su entender, estos peritos de parte no han explicado cómo las cuentas presentadas por Rato arrojaban unos beneficios de 300 millones de euros y poco después se tuviera que rescatar la entidad por 22.000 millones.

Según explicó, la tesis de los catedráticos es que la entidad "iba perfectamente" y tenía unas cuentas saneadas que daban "beneficios", por lo que el citado rescate "no hacía falta". Herzog entiende que esta afirmación no se sostiene.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputó en julio de 2012 al exvicepresidente de Gobierno y expresidente de Bankia, junto a cerca de 30 miembros de su Consejo de Administración, por delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

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