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Sin prueba médica, la hipoglucemia del conductor no exonera de la responsabilidad del accidente por caso fortuito

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La Audiencia Provincial de Segovia ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la víctima de un accidente de circulación al considerar que la parte demandada no ha logrado probar que la causa del accidente fuera una hipoglucemia del conductor al no producirse de forma tan súbita y repentina que le impida darse cuenta. La sentencia completa se encuentra disponible a través del siguiente enlace.

La aseguradora demandada impugna la condena al pago de los daños materiales por entender que el accidente se produjo como consecuencia de un caso fortuito y que por tanto no puede ser obligada al pago de tales daños.

Para sostener su postura insiste que el accidente tuvo su causa en la pérdida de control del vehículo asegurado por parte de su conductor derivado de la hipoglucemia severa sufrida.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Segovia, como antes el Juzgado, desestima tal argumento porque correspondía a la demandada acreditar, y no lo ha hecho, que la causa del accidente fue la que ella sostiene y no la conducta imprudente del conductor que la juez indica como posible causa.

En este sentido, declara la Audiencia que se hace difícil aceptar, sin una prueba pericial médica que así lo indique, que una hipoglucemia se pueda producir de forma tan súbita y repentina que impida al quien la padece darse cuenta de que se encuentra mal, más si el mismo fuese diabético y conociese las posibles consecuencias de su enfermedad.

En esta situación, si pudo apreciar que estaba empezando a encontrase mal debió detenerse, y si pese a ello siguió conduciendo, en caso alguno la pérdida de control podría atribuirse a un caso fortuito, más aun cuando en el atestado, por la referencia de los facultativos del hospital, no se hace constar que indefectiblemente se produjo la pérdida de conciencia, sino que ésta se podría haber producido.

El Tribunal insiste en que se trata de una valoración que parte del desconocimiento del curso diagnóstico de una hipoglucemia, pero la responsabilidad de probar este punto correspondía a la demandada, que al no hacerlo no puede amparar su falta de responsabilidad en el caso fortuito.

Audiencia Provincial de Segovia ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la víctima de un accidente de circulación al considerar que la parte demandada no ha logrado probar que la causa del accidente fuera una hipoglucemia del conductor al no producirse de forma tan súbita y repentina que le impida darse cuenta. La sentencia completa se encuentra disponible a través del siguiente enlace.

La aseguradora demandada impugna la condena al pago de los daños materiales por entender que el accidente se produjo como consecuencia de un caso fortuito y que por tanto no puede ser obligada al pago de tales daños.

Para sostener su postura insiste que el accidente tuvo su causa en la pérdida de control del vehículo asegurado por parte de su conductor derivado de la hipoglucemia severa sufrida.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Segovia, como antes el Juzgado, desestima tal argumento porque correspondía a la demandada acreditar, y no lo ha hecho, que la causa del accidente fue la que ella sostiene y no la conducta imprudente del conductor que la juez indica como posible causa.

En este sentido, declara la Audiencia que se hace difícil aceptar, sin una prueba pericial médica que así lo indique, que una hipoglucemia se pueda producir de forma tan súbita y repentina que impida al quien la padece darse cuenta de que se encuentra mal, más si el mismo fuese diabético y conociese las posibles consecuencias de su enfermedad.

En esta situación, si pudo apreciar que estaba empezando a encontrase mal debió detenerse, y si pese a ello siguió conduciendo, en caso alguno la pérdida de control podría atribuirse a un caso fortuito, más aun cuando en el atestado, por la referencia de los facultativos del hospital, no se hace constar que indefectiblemente se produjo la pérdida de conciencia, sino que ésta se podría haber producido.

El Tribunal insiste en que se trata de una valoración que parte del desconocimiento del curso diagnóstico de una hipoglucemia, pero la responsabilidad de probar este punto correspondía a la demandada, que al no hacerlo no puede amparar su falta de responsabilidad en el caso fortuito.

Un juzgado justifica con prueba pericial la aplicación obligatoria del margen de error máximo a la velocidad detectada por los radares

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 Pontevedra en sentencia 17/2019, de 22 de enero (Rec. 105-1/2018) rebaja la cuantía de la multa y la pérdida de puntos impuestas a un conductor por exceso de velocidad.

Después de exponer los diferentes criterios y soluciones adoptadas por los juzgados, este de Pontevedra considera necesario fijar un criterio definitivo a seguir en sus próximos pronunciamientos y para ello acuerda la práctica de pruebas documentales y periciales extraordinarias.

Tras recordar la presunción de exactitud de medida establecida en la Ley 32/2014, de Metrología, para diversos aparatos, concluye su inaplicación a los cinemómetros utilizados para medir la velocidad del tráfico, y que dicha presunción habría sido destruida por la Orden ITC/3123/2010, en la que se reconoce que en buen estado de funcionamiento y bien calibrado el aparato puede llegar a errar en 7 km/h y en un 7%.

Siendo así, y contando con este margen de error, ante una señalización de velocidad máxima de 120 km/h, el conductor debería circular a 110 km/h para tener la garantía de que no va a ser multado, situación que genera grave inseguridad jurídica y vulnera los principios más básicos que rigen la potestad sancionadora. Aun estando los aparatos de medición en perfectas condiciones tienen un margen de error relevante, cuyo nivel máximo está ya preestablecido en una norma reglamentaria, por lo que se debe aplicar siempre la corrección en favor del conductor.

La prueba pericial practicada explica que los cinemómetros tienen dificultades para determinar con exactitud la velocidad real porque depende del ángulo de relación con el vehículo. Aunque los aparatos se instalan en una posición teórica idónea para interceptar al vehículo que no debería superar un ángulo de 20 grados, si no se circula en línea exactamente paralela al eje de la carretera se supera dicho ángulo y se incrementa exponencialmente la posibilidad de error en la medición.

Esta posibilidad de error es aún mayor en los radares situados dentro de vehículos (sin movimiento), y en el caso, la velocidad detectada por el cinemómetro fue de 82 km/h, el aparato se ubicaba dentro de un vehículo, y no consta ningún documento fehaciente que acredite que el vehículo del radar se hallaba inmóvil, circunstancias de las que el Juzgado falla en favor del conductor aplicando el margen de error más favorable, que es el previsto para cinemómetros en movimiento, 7 km/h, y ello implica que solo se podía imputar un exceso de velocidad de 75 km/h, sobre un máximo de 50 km/h permisible.

Afirma también la impertinencia de aplicar el índice de “desviación máxima obtenida” en las pruebas de “ensayo de tráfico real”, consignado en el certificado de verificación periódica, aplicado en algunos supuestos, ya que la prueba testifical-pericial practicada demuestra que las cifras consignadas en este apartado del certificado no indican en puridad el grado habitual de error del cinemómetro.

De todo lo expuesto llega a concluir, por exigencias de seguridad jurídica y del principio in dubio pro reo, que debe aplicarse en todos los supuestos el margen de error máximo establecido en la Orden ITC/3123/2010.

69 años de cárcel para la cúpula de Arte y Naturaleza por una estafa piramidal de 434 millones

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La sociedad de bienes tangibles engañó a 19.000 clientes con obras falsas o sobrevaloradas

 

La Audiencia Nacional ha condenado a penas que suman 69 años de cárcel a ocho responsables de la empresa de inversión en bienes tangibles Arte y Naturaleza, por estafar 434 millones de euros a casi 19.360 personas mediante la apariencia de compraventa de obras de arte sobrevaloradas. La sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal considera probado que la empresa copió de forma “más ambiciosa” el sistema de funcionamiento piramidal de la filatélica Afinsa para engañar a sus clientes.

La Audiencia ha condenado al ex director general de Arte y Naturaleza Raúl García López a 13 años y cinco meses de prisión como “mano derecha” del expresidente Guillermo García del Toro, a quien se exime de responsabilidad por su fallecimiento el pasado mes de noviembre. El tribunal considera acreditados los delitos de estafa agravada, insolvencia punible y falsedad contable. Al resto de los responsables de la sociedad les impone penas de entre 7 y 11 años de cárcel, informa la agencia Efe.

 

También señala al auditor Francisco Vives Lluria, condenado a cuatro años de cárcel, como cómplice, por lo que deberá indemnizar de forma solidaria a los perjudicados en los 434 millones de euros estafados, en función del valor de la obra adjudicada a cada uno de los clientes en el caso de que optasen por quedarse con la misma.

García del Toro, según la sentencia, aprovechó su experiencia como comercial de Afinsa para constituir una empresa similar en 1996, basada en un negocio piramidal que captaba inversores bajo la promesa de una “altísima rentabilidad”, superior a la ofrecida por las entidades bancarias. La peculiaridad del negocio consistía en que los bienes que garantizaban las inversiones de los clientes eran obras de arte, cuyo valor era “claramente insuficiente” para cubrir todas las sumas de dinero captadas en forma de depósitos a plazo fijo.

Al patrimonio inicial se sumaban obras creadas ex profeso a través del encargo a artistas y “objetos decorativos” de nulo valor. La obra se “sobrevaloraba” sin que nunca llegase a ser introducida en el mercado, por lo que su supuesto precio nunca quedaba desmentido.

Con el paso del tiempo, dado que el negocio y la estafa piramidal solo se sustentaban con las aportaciones de nuevos clientes, los bienes tangibles pasaron a abarcar fotografía artística, obra de autores noveles o facsímiles de libros antiguos. Incluso se incorporaron objetos con certificados falsos de autenticidad de artesanía africana y oriental (en pasta de hueso y que se vendían como obras antiguas de marfil), así como falsas antigüedades.

En su declaración en el juicio en junio, cinco meses antes de su fallecimiento, García del Toro explicó que la empresa, inicialmente llamada Inversiones en Arte y Naturaleza, cambió su nombre en 2004 para eliminar el “matiz financiero” impropio de una sociedad mercantil. “En mi casa no nos dedicábamos a operaciones de ahorro, sino a comprar obras a artistas y a venderlas un poco más caras”, sostuvo el acusado, para quien el fiscal solicitaba 20 años de cárcel.

La justicia europea falla a favor de los clientes en las cláusulas suelo: habrá indemnización completa

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado hoy a favor de los clientes en el caso de las indemnizaciones de las cláusulas suelo de las hipotecas. Las entidades tendrán que devolver todo lo que los clientes han abonado de más durante la vida del préstamo y no solo a partir del 9 de mayo de 2013, como fijó el Tribunal Supremo.

"La jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es incompatible con el Derecho de la Unión. Tal limitación da lugar a una protección de los consumidores incompleta e insuficiente, por lo que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas", asegura el TJUE en un comunicado.

"La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula", precisa la institución.

Las cláusulas suelo se incluyeron en la mayoría de contratos de préstamo hipotecario variable para poner un tipo de interés mínimo que el cliente debería abonar, independientemente de lo que bajase eventualmente el euribor.

El Tribunal Supremo español declaró abusivas la mayoría de estas cláusulas pero limitó la compensación: la cláusula suelo dejaría de aplicarse a partir del 9 de mayo de 2013, pero no se restituiría lo pagado de más anteriormente.

 

El TJUE se tenía que pronunciar sobre si esa limitación de la compensación vulnera o no la normativa europea de protección al consumidor. Las cifras concretas de impacto no están claras, pero algunos bancos han llegado a caer un 10% en bolsa tras conocerse la sentencia.

El banco de inversión Goldman Sachs sitúa la factura en 3.000 millones de euros, pero fuentes del Banco de España citadas por la agencia Efe situán el impacto en el sector ligeramente superior a los 4.000 millones. La institución no ha hecho público ese informe a pesar de que los abogados de los bancos aseguran haber tenido acceso a él.

La magnitud del golpe irá por barrios. Según Goldman Sachs, BBVA será el banco más afectado, con 1.815 millones de euros. CaixaBank ha cifrado en 750 millones el coste de una sentencia contraria a sus intereses. Los siguientes en la lista, según el banco de inversión estadounidense, son Banco Popular, que ya habría provisionado 350 millones de euros, y Bankia, con 160 millones.

La decisión de hoy va en contra de la opinión del Abogado General del TJUE, que en julio dio un que el Tribunal Supremo tenía derecho a limitar temporalmente las indemnizaciones porque la directiva comunitaria solo establece que las cláusulas abusivas "no vincularán" a los clientes.

Mengozzi mencionó expresamente que el uso del "futuro de indicativo", ya que, en su opinión, su carácter neutral deja abierta a la interpretación de cada Estado el carácter retroactivo o no de la indemnización. Pocas veces un tiempo verbal podría salir tan caro o tan barato, según de qué lado caiga la moneda.

Anticorrupción acusa al cuñado de Rodrigo Rato por la compra a Bankia de un palacete

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Rodrigo Rato se dirige a la Audiencia Nacional durante el juicio por...

 El fiscal cree que Bankia adecuó el precio 'ad hoc' para el cuñado de Rato. La compraventa tuvo lugar meses después de que Santiago Alarcó abandonara su puesto en la entidad financiera, en la que fue contratado por el ex presidente como asesor externo.

El Ministerio Público considera que el precio fijado por el banco para el inmueble «contradice de modo palmario y llamativo» las tasaciones que había realizado el propio banco antes de proceder a su venta al hermano de la ex mujer de Rato, que fue fichado como asesor internacional del banco y abandonó la compañía un mes después de que el ex vicepresidente del Gobierno dimitiera como máximo responsable de la entidad en mayo de 2012. No en vano, tal y como recalca Anticorrupción en el escrito al que ha tenido acceso EL MUNDO, en sólo 13 meses el familiar del ex presidente de Bankia pasó de adquirir el palacete por sólo 300.000 euros a revenderlo por 535.000, cuando la propia entidad financiera lo había llegado a valorar poco antes en 2.048.870 euros.

Esta operación fue denunciada el pasado mes de mayo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y gira en torno al denominado Palacete de Vegas de Matute, «un activo adjudicado el 27 de febrero de 1995 a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia en pago de un crédito de 177.298,57 euros y desde el 20 de julio de 2011 se integró como activo de Bankia».

Se trata de una propiedad ubicada en una finca de 7.734 metros cuadrados de la localidad segoviana de Vegas de Matute, muy próxima a la urbanización de Los Ángeles de San Rafael.

La Fiscalía Anticorrupción recuerda que la Guardia Civil describe en sus pesquisas «una operación de compraventa sobre la que existen indicios de una adecuación poco razonable entre el precio final de venta -300.000 euros- y la última tasación que se realizó sobre la finca -386.654 euros-».

El baile de cifras de tasación manejadas por Bankia lo reproduce Anticorrupción en un cuadro para que se observe la depreciación experimentada por el palacete hasta llegar a manos del cuñado de Rato.

Así, señala la Fiscalía Anticorrupción que la tasadora Tinsa valoró el inmueble el 28 de abril de 2010, dependiendo de los métodos empleados, entre 1.195.611 euros y 2.048.870 euros.

Poco más de un año después, otra tasadora, en este caso Gesvalt, recalculó el valor del palacete, que se encontraba en estado de abandono. De esta forma, el 11 de diciembre de 2012 fijó un valor de 903.278 euros y sólo un día después, empleando otro método de medición, lo rebajó finalmente a 386.654 euros. Una cifra que seguía siendo considerablemente superior a la que acabó abonando la sociedad Larcafin, vinculada al cuñado de Rato, el 13 de diciembre del mismo año.

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