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La justicia europea falla a favor de los clientes en las cláusulas suelo: habrá indemnización completa

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado hoy a favor de los clientes en el caso de las indemnizaciones de las cláusulas suelo de las hipotecas. Las entidades tendrán que devolver todo lo que los clientes han abonado de más durante la vida del préstamo y no solo a partir del 9 de mayo de 2013, como fijó el Tribunal Supremo.

"La jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España es incompatible con el Derecho de la Unión. Tal limitación da lugar a una protección de los consumidores incompleta e insuficiente, por lo que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas", asegura el TJUE en un comunicado.

"La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula", precisa la institución.

Las cláusulas suelo se incluyeron en la mayoría de contratos de préstamo hipotecario variable para poner un tipo de interés mínimo que el cliente debería abonar, independientemente de lo que bajase eventualmente el euribor.

El Tribunal Supremo español declaró abusivas la mayoría de estas cláusulas pero limitó la compensación: la cláusula suelo dejaría de aplicarse a partir del 9 de mayo de 2013, pero no se restituiría lo pagado de más anteriormente.

 

El TJUE se tenía que pronunciar sobre si esa limitación de la compensación vulnera o no la normativa europea de protección al consumidor. Las cifras concretas de impacto no están claras, pero algunos bancos han llegado a caer un 10% en bolsa tras conocerse la sentencia.

El banco de inversión Goldman Sachs sitúa la factura en 3.000 millones de euros, pero fuentes del Banco de España citadas por la agencia Efe situán el impacto en el sector ligeramente superior a los 4.000 millones. La institución no ha hecho público ese informe a pesar de que los abogados de los bancos aseguran haber tenido acceso a él.

La magnitud del golpe irá por barrios. Según Goldman Sachs, BBVA será el banco más afectado, con 1.815 millones de euros. CaixaBank ha cifrado en 750 millones el coste de una sentencia contraria a sus intereses. Los siguientes en la lista, según el banco de inversión estadounidense, son Banco Popular, que ya habría provisionado 350 millones de euros, y Bankia, con 160 millones.

La decisión de hoy va en contra de la opinión del Abogado General del TJUE, que en julio dio un que el Tribunal Supremo tenía derecho a limitar temporalmente las indemnizaciones porque la directiva comunitaria solo establece que las cláusulas abusivas "no vincularán" a los clientes.

Mengozzi mencionó expresamente que el uso del "futuro de indicativo", ya que, en su opinión, su carácter neutral deja abierta a la interpretación de cada Estado el carácter retroactivo o no de la indemnización. Pocas veces un tiempo verbal podría salir tan caro o tan barato, según de qué lado caiga la moneda.

Anticorrupción acusa al cuñado de Rodrigo Rato por la compra a Bankia de un palacete

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Rodrigo Rato se dirige a la Audiencia Nacional durante el juicio por...

 El fiscal cree que Bankia adecuó el precio 'ad hoc' para el cuñado de Rato. La compraventa tuvo lugar meses después de que Santiago Alarcó abandonara su puesto en la entidad financiera, en la que fue contratado por el ex presidente como asesor externo.

El Ministerio Público considera que el precio fijado por el banco para el inmueble «contradice de modo palmario y llamativo» las tasaciones que había realizado el propio banco antes de proceder a su venta al hermano de la ex mujer de Rato, que fue fichado como asesor internacional del banco y abandonó la compañía un mes después de que el ex vicepresidente del Gobierno dimitiera como máximo responsable de la entidad en mayo de 2012. No en vano, tal y como recalca Anticorrupción en el escrito al que ha tenido acceso EL MUNDO, en sólo 13 meses el familiar del ex presidente de Bankia pasó de adquirir el palacete por sólo 300.000 euros a revenderlo por 535.000, cuando la propia entidad financiera lo había llegado a valorar poco antes en 2.048.870 euros.

Esta operación fue denunciada el pasado mes de mayo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y gira en torno al denominado Palacete de Vegas de Matute, «un activo adjudicado el 27 de febrero de 1995 a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia en pago de un crédito de 177.298,57 euros y desde el 20 de julio de 2011 se integró como activo de Bankia».

Se trata de una propiedad ubicada en una finca de 7.734 metros cuadrados de la localidad segoviana de Vegas de Matute, muy próxima a la urbanización de Los Ángeles de San Rafael.

La Fiscalía Anticorrupción recuerda que la Guardia Civil describe en sus pesquisas «una operación de compraventa sobre la que existen indicios de una adecuación poco razonable entre el precio final de venta -300.000 euros- y la última tasación que se realizó sobre la finca -386.654 euros-».

El baile de cifras de tasación manejadas por Bankia lo reproduce Anticorrupción en un cuadro para que se observe la depreciación experimentada por el palacete hasta llegar a manos del cuñado de Rato.

Así, señala la Fiscalía Anticorrupción que la tasadora Tinsa valoró el inmueble el 28 de abril de 2010, dependiendo de los métodos empleados, entre 1.195.611 euros y 2.048.870 euros.

Poco más de un año después, otra tasadora, en este caso Gesvalt, recalculó el valor del palacete, que se encontraba en estado de abandono. De esta forma, el 11 de diciembre de 2012 fijó un valor de 903.278 euros y sólo un día después, empleando otro método de medición, lo rebajó finalmente a 386.654 euros. Una cifra que seguía siendo considerablemente superior a la que acabó abonando la sociedad Larcafin, vinculada al cuñado de Rato, el 13 de diciembre del mismo año.

Primera sentencia que concede una incapacidad permanente a un trabajador por alergia a las redes móviles y al 'WiFi'

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La Justicia ha concedido por primera vez la incapacidad permanente total a un trabajador por síndrome de electrosensibilidad de forma autónoma, sin estar en combinación con otras patologías. Esta dolencia consiste en una alergia o intolerancia a la contaminación radioeléctrica provocada por los teléfonos inalámbricos, antenas de móviles o redes WiFi y obliga a quien la padece a evitar o reducir su exposición a los mismos, momento en que los síntomas mejoran.

La sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid el 6 de julio, admite la demanda interpuesta por un ingeniero de Telecomunicaciones de una empresa fabricante de dispositivos móviles y otros aparatos electrónicos, y condena a la Seguridad Social a pagarle una pensión.

El juzgado de Primera Instancia desestimó la pretensión del demandante, basándose en el informe médico de la Seguridad Social, que le diagnosticaba un "trastorno ansioso-depresivo con predominio de irritabilidad y dificultad para control de impulsos, síndrome de intestino irritable, síndrome seco de mucosas", pero rechazaba que se hubiera demostrado la existencia de una relación causa-efecto entre la exposición a los campos electromagnéticos y los síntomas.

El informe añadía que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad, no estaba probada la existencia de hipersensibilidad a tales campos o redes.

El TSJ, sin embargo, admite el recurso presentado por el empleado y tiene en cuenta el informe del experto del Hospital de Guadalajara, que confirmaba que, en presencia de campos electromagnéticos, "aparecían síntomas de hipersensibilidad, sobre todo referidos al sistema nervioso, que mejoran al alejarse de su exposición".

Según el ponente del fallo, el magistrado Moreiras Caballero, "queda razonablemente acreditada la incapacidad permanente total del demandante para su profesión habitual". En este sentido, considera probado que padece una "alergia" que le provoca "una pérdida de tolerancia inducida, a modo de focos más recurrentes, por la contaminación radioeléctrica, teléfonos inalámbricos, antenas de telefonía móvil o WiFi". Por todo ello, el tribunal estima la demanda y declara al trabajador en situación de incapacidad permanente total y reconoce su derecho a percibir una pensión.

 

Un grupo de 41 bodegas alavesas promueve una nueva denominación de origen dentro del paraguas de La Rioja

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Desde el pasado verano se viven momentos de tensión en el seno de la DO Calificada Rioja, a raíz de la petición de la asociación ABRA (Asociación de Bodegas de Rioja Alavesas) de crear una nueva Denominación de Origen, llamada "Viñedos alaveses", para dar respuesta a una serie de bodegas que no están conformes con la actual configuración.

En este contexto, en el mundo Rioja se palpa la tensión que implica que haya tres corrientes más o menos contrapuestas sobre cómo debe plantearse el presente y el futuro de la producción y comercialización de los vinos de esta amplia comarca, por ahora, reunidos bajo una misma marca. Algunas fuentes calculan que sólo el negocio del vino (sin incluir la industria que le presta servicio), representa un volumen de negocio anual que ronda los 1.600 millones. Por un lado, la tesis mayoritaria del Consejo Regulador es que ha de predominar el valor de la marca Rioja, reconocida internacionalmente, sin grandes modificaciones respecto del status actual. Otra corriente en el mundo Rioja, que no cuestiona su permanencia en la DO, ni al Consejo Regulador, lleva años abogando por una mayor territorialización de la calificación de los viñedos, lo que llevó al Consejo a aprobar en 1998 la inclusión en las etiquetas de la marcación de tres de las subzonas: Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa. Pero tal diferenciación ha de hacerse con una tipografía secundaria, de menor tamaño que la general. De nuevo, ante las nuevas reclamaciones, en 2002, el Consejo accedió a que las bodegas que así lo quisieran pudieran incluir en sus etiquetas el municipio de procedencia. 'Borgoñonizar' el 'Rioja' Y la tercera corriente proviene de un grupo de bodegas de Rioja Alavesa, que desean una estructura de Denominación de Origen radicalmente diferente, al estilo de Burdeos, Borgoña o Champagne, que integran multitud de distinciones geográficas con gran autonomía entre ellas. Y ante lo que consideran un bloqueo de la situación, unas 41 bodegas anunciaron en julio iniciar la tramitación de una 'denominación de origen' propia, con la marca 'Viñedos de Álava', que ahora en otoño ha entrado en tramitación administrativa. A pesar de esta iniciativa, desde ABRA indican que, por ahora, esas bodegas no se plantean el abandono del paraguas de la marca Rioja. Hay que tener en cuenta que la creación y tramitación administrativa de una nueva Denominación de Origen lleva como mínimo, 18 meses, y han de intervenir el Gobierno vasco, el Gobierno el central y la Unión Europea. Sólo una pequeña bodega familiar alavesa, Ardati, decidió hace un año abandonar la DOC Rioja. Una amplia denominación En la actualidad, la Denominación Rioja se extiende por 61.870 hectáreas que se reparten entre tres comunidades autónomas: La Rioja con 41.959 hectáreas, País Vasco (Álava) con 13.226 hectáreas y Navarra con 6.683 hectáreas. El número de bodegas embotelladoras asciende a 594 y las bodegas de crianza alcanzan las 381. La parte alavesa representa el 21% de la superficie, pero su peso en el conjunto de las ventas es mayor, ya que concentra cerca del 35%. Lo que es administrativamente, el Consejo Regulador en 2016 maneja un presupuesto de 16,5 millones en 2016, de los cuales, la partida más relevante, que asciende a 11 millones, se destina a diferentes labores de promoción, tanto nacional como internacional. Las competencias sobre Denominaciones de Origen están transferidas a las Comunidades Autónomas, pero al extenderse el área Rioja por tres comunidades la regulación recae en Ministerio. Para el Consejo Regulador la actuación de las bodegas que están detrás de la solicitud de ABRA supone una deslealtad y traicionar los principios básicos de funcionamiento de la Denominación, al tiempo que puntualizan que ABRA sólo representa a un pequeño grupo de bodegas alavesas y no todas ellas respaldan la iniciativa. Desde otros ámbitos se critica la iniciativa Viñedos de Álava, vinculándolo a motivaciones políticas de carácter nacionalista, en una provincia en la que la Diputación Foral de Álava ya no está gobernada por el PP, sino por el PNV. Inés Baigorri, directora gerente de la asociación ABRA desvincula la tramitación de la nueva DO de cuestiones de otra índole que no sean empresariales y de filosofía de cultivo y crianza de los vinos. Reconoce que no todas las bodegas de ABRA se muestran tan críticas con la DOC Rioja, pero que fue el pleno de la asociación el que decidió dar curso a la nueva tramitación. Asimismo, recalca que ABRA nunca se ha planteado el abandono de la DO Calificada Rioja. "Nosotros defendemos que el consumidor pueda tener una mayor información sobre el vino, que pueda escoger por su tipo de uva, por la procedencia de la misma, incluso por la finca en la que ha sido elaborada, señala. Desde la Diputación Foral de Álava hay un respaldo total a la iniciativa 'Viñedos de Álava' y abogan porque esta nueva DO pueda seguir dentro del paraguas Rioja, pero entendiendo por tal el derecho de uso del término Rioja.

El Tribunal Supremo acaba con el canon digital por el cual todos los españoles pagaban por las copias privadas

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El antiguo canon se cargaba sobre CD, DVD, fotocopiadoras y otros aparatos para la copia privada, y afectaba a las empresas que las vendían y a sus clientes. Su entierro y la nueva compensación supusieron un descenso en los ingresos de las entidades de gestión de 115 millones en 2011, con el sistema anterior, a cinco millones en los años siguientes, con la nueva normativa. Por eso, tres de estos organismos (Egeda, Vegap y Dama) recurrieron en 2013 el decreto ante el Supremo. Antes de decidir, la Corte trasladó la duda al tribunal europeo (TJUE). Y este aseguró que no encajaba en las leyes europeas precisamente  porque "no puede garantizar que el coste de la compensación equitativa solo sea sufragado por los usuarios de copias privadas”.

De vuelta a España, el Supremo ha estimado parcialmente el recurso y declarado “inaplicable” la normativa, que ha anulado en su totalidad. En una sentencia de 13 folios, el alto tribunal advierte de que la sentencia del TJUE muestra la "incompatibilidad" entre el decreto español y la norma europea y que el Gobierno “no ha ofrecido ningún argumento" que evite confimar esa conclusión. Así que la Sala solo puede establecer que “en aplicación del principio de primacía del derecho de la Unión Europea” los preceptos del real decreto “deben considerarse inaplicables”. "Es claro que el Real Decreto 1657/2012 carece de un fundamento legal efectivo y, en consecuencia, es nulo”, añaden los jueces en la sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo.

El Supremo ha anulado el real decreto en su conjunto, por lo que no ha entrado a valorar aspectos concretos que habían sido impugnados por las entidades que presentaron los recursos. Los tres organismos tienen pendientes además varias demandas patrimoniales ante la Audiencia Nacional y el Supremo por los ingresos perdidos, que calculan en unos 400 millones de euros, y creen que la sentencia de hoy es un buen punto de partida para que vuelvan a ganar el pulso judicial. 

El fallo supone un varapalo para el Gobierno del PP y el Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, impulsor de la normativa. Por otro lado, el nuevo Ejecutivo de Rajoy está ahora obligado a aprobar otro modelo de compensación a los autores. El ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que buscarán "una solución" al asunto. La necesidad de esta reforma ya aparecía en 150 medidas para mejorar España, el pacto de investidura que el PP firmó en agosto con Ciudadanos para concitar su apoyo.

"Ofrecemos la máxima disposición a dialogar con el Gobierno para reestablecer lo antes posible un sistema que proteja la propiedad intelectual", asegura Rafael Sánchez, Director de Relaciones Institucionales de Egeda. Y Marta Rivera, diputada de Ciudadanos y presidenta de la Comisión de Cultura, agrega: "Es el momento de abrir sin demora el diálogo con las entidades de gestión de derechos, que hoy está roto".

Compensación a los autores

El canon digital que existía desde los noventa y el Gobierno de Zapatero actualizó para la era de Internet en 2006 optaba por gravar la compra por parte de personas físicas de CD, DVD, lectores de mp3 u otros instrumentos que pudieran servir para realizar copias privadas de obras con derecho de autor, para recuperar el supuesto perjuicio que suponían a los creadores. El Ejecutivo de Rajoy decidió suprimir ese modelo y apostar por retribuir a los autores a posteriori, "a ejercicio vencido", a través de una partida en los Presupuestos Generales del Estado y según la disponibilidad económica de las arcas públicas. En Europa, solo Finlandia, Estonia y Noruega hacen lo mismo, mientras que la mayoría de países aplica el modelo de canon digital tradicional, a priori.

La Corte de Luxemburgo no se opuso en principio a que el pago fuera con cargo a los Presupuestos Generales del Estado pero sí rechazó que no afectara solo a quienes efectivamente adquieran aparatos para la copia privada sino indiscriminadamente a cada español y a las empresas. En cuanto al antiguo modelo, el TJUE tolera que se establezca de forma previa un canon para la compensación, sobre todo debido a la dificultad de identificar con claridad las personas físicas concretas que realizan las copias. Acepta también que las empresas que venden estos aparatos acaben cargando este pago al usuario, a través del precio final. 


 

El administrador de Rojadirecta queda en libertad tras su detención

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El administrador de Rojadirecta, Igor Seoane, ha quedado en libertad con la obligación de comparecencias mensuales ante el juez, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) después de que este jueves fuese detenido.

Su detención se produjo tras comparecer en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña en relación con el juicio por la demanda que interpuso DTS (Canal +) —adquirida por Telefónica— contra su empresa por una supuesta infracción de derechos de propiedad intelectual en relación con los enlaces para eventos deportivos que se ofrecían desde la web.

El arresto, durante un receso de la vista, se produjo por orden del Juzgado de Instrucción numero 1 de A Coruña y en el marco de unas diligencias que han sido declaradas secretas. La investigación de los hechos por los que finalmente fue detenido se inició el año pasado. Tras su detención, pasó a disposición judicial en la tarde del jueves. Posteriormente, quedó en libertad con la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado.
 
Pleitos de la web
Se trataría de una causa ajena a los pleitos que la web mantiene tras las denuncias de Mediapro y DTS por los contenidos de Liga profesional española y francesa supuestamente infractores que aparecían en ella.

El testimonio del administrador de Rojadirecta tuvo lugar este jueves después de que el pasado 26 de noviembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña decretase el cierre cautelar de la página de Internet en todos sus dominios.

El administrador único de la web accedió al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de A Coruña con casco de moto para ocultar su imagen en la vista oral, donde había sido citado para un interrogatorio de parte. Ante el tribunal, aseguró que la única fuente de ingreso de su empresa procedía de las casas de apuestas.

Artículo del Pais Cultura

Coca-Cola pelea en EEUU por la exclusiva de la marca 'Zero'

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El mes pasado, Canadá rechazó el intento de Coca-Cola de patentar la palabra inglesa Zero, que utiliza en sus marcas bajas en calorías, incluyendo Coca-Cola Zero, Sprite Zero,  Powerade Zero o Fanta Zero. Todo ello, después de que su mayor competidor a nivel mundial, el grupo PepsiCo, se opusiera a la medida.

Sin embargo, según publicó ayer The Wall Street Journal, la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU se está preparando para resolver un nuevo contencioso entre el gigante de los refrescos de Atlanta y Dr. Pepper Snapple Group, que ha lanzado también una bebida sin azúcar llamada Zero, trece años después de que apareciera la primera Coca-Cola con este apellido.

Una y otra compañía han registrado en los últimos meses cientos de páginas con sus argumentos ante la oficina de marcas norteamericana y, según The Wall Street Journal, se espera que la resolución final pueda conocerse antes del próximo verano. Todo ello sobre la base de los conflictos de registro de marcas anteriores, según han asegurado al rotativo fuentes próximas al caso.

Si Coca-Cola consigue imponer su teoría y ganar la batalla,  podría demandar más fácilmente a todos aquellos grupos que tratan de imitarla y copian sus nombres y logos, algo que también sucede en España, tanto por empresas de la competencia como por las marcas blancas.  Pero si pierde, la multinacional podría enfrentarse a una avalancha de nuevos productos que a partir de ahora usen el mismo nombre y diluyan así el valor final de la marca. Para la empresa la palabra Zero es fundamental, debido a la mala imagen que siguen teniendo otros términos, como Diet, ante la creencia cada vez más extendida entre los consumidores, aunque no exista prueba de ello, de que los edulcorantes artificiales podrían causar cáncer.

El líder mundial de los refrescos confirmó, de hecho, el pasado martes que las ventas a nivel mundial de Coca-Cola Zero aumentaron un 6 por ciento en el último año, mientras que las Coca-Cola Light o Diet Coke cayeron en la misma proporción.

Aunque Coca-Cola Light sigue siendo, a pesar de todo, el refresco de cola bajo en calorías más vendido del mundo, con una cuota en el mercado de refrescos del 4,8%, en la última década, desde su lanzamiento Coca-Cola Zero ha conseguido pasar del 0,5% hasta el 3% de participación, según las cifras de la consultora Euromonitor.

En un documento entregado ya por Dr. Pepper en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, esta compañía  mantiene que si se permite a Coca-Cola el uso exclusivo de la palabra Zero, las autoridades "estarán concediendo a la empresa el monopolio de usar una palabra común en el idioma inglés". Coca-Cola mantiene, sin embargo, que se trata de un desarrollo propio de la marca y que debe haber protección ante las copias.

Los informes periciales de patentes y marcas de alto valor en este contencioso

Expropiar suelo saldrá aún más barato tras volver a variar la ley

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Expropiar suelo saldrá aún más barato tras volver a variar la ley

Después de todo lo acontecido en el sector inmobiliario desde que estalló la burbuja de precios y producción de casas, quizás pocos recuerden el fuerte impacto que tuvo la aprobación de la Ley de Suelo (8/2007 y RDL 2/2008). La nueva regulación nació con el propósito de quitarle a los jueces de lo contencioso-administrativo la discrecionalidad con que dictaban en algunas ocasiones los justiprecios de los suelos objetos de expropiación, un fenómeno que, espoleado por la fuerte demanda en tiempos del boom, provocó un fenómeno especulativo que después tuvo serias repercusiones sobre las cuentas y la viabilidad financiera de no pocas compañías.

Así, el legislador redujo las clases en las que se dividía el suelo históricamente y estableció solo dos tipos: situación básica de urbanizado (solares) y situación básica de rural (el resto). De esta manera, si un terreno que hasta ese momento había estado destinado a la producción agrícola tenía que ser expropiado para la construcción de una autovía, debería ser valorado como tal (recuerden aquella frase de la ministra María Antonia Trujillo del patatal valorado como un patatal) y no en función de qué se levantaría sobre el mismo.

Pues bien, aunque la ley nació con vocación rompedora, lo cierto es que el crac del sector y de la economía en general, con la paralización de muchos proyectos de obra civil, fue lo que hizo que se acabaran de un plumazo las valoraciones estratosféricas. En octubre pasado, se aprobó el nuevo texto refundido de la Ley de Suelo que incide todavía más en ese objetivo de abaratar el coste de las expropiaciones y regula de manera más específica las condiciones del suelo urbanizado. Respecto al régimen de valoraciones, asume la sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 en la que se declaró nulo e inconstitucional el máximo de dos para el coeficiente que fijaba la norma del factor de localización.

Esto quiere decir que en la ley original se establecía que aquellos terrenos en situación de rural se podía corregir el valor obtenido por capitalización de rentas de la tierra, aplicándoles un coeficiente de un máximo de dos, si estaban situados próximos a núcleos urbanos o a centros de producción o con determinadas características ambientales, tal y como recuerda Andrés Lorente, director del área de Suelo de Tinsa. Esto suponía un alivio, en el supuesto de una valoracion expropiatoria, para esos suelos que muchos promotores atesoraron en las coronas metropolitanas de las grandes urbes pensando en obtener pingües beneficios y que con la norma de 2008 veían como su valor caía a plomo.

Sin embargo, el alto tribunal declaró inconstitucional ese límite del coeficiente dos y argumentó, tal y como recuerda Ignacio Ortiz, analista de Foro Consultores, que “no estaba justificado en la Ley ni en la exposición de motivos y podía resultar caprichoso evitando obtener el valor real del suelo. Considera el tribunal que puede impedir una determinación de la indemnización expropiatoria acorde con la idea del proporcional equilibrio y que la limitación sea contraria al artículo 33.3 de la Constitución”. Dicho artículo hace referencia a que “nadie podrá se privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por la leyes”.

Ortiz explica que, “siendo una sentencia ajustada a derecho, se puede producir una valoración superior al valor real, cayendo así en un fenómeno especulativo. La justicia o no dependerá de cada caso y de la diferencia que resulte entre el valor calculado y el real”.

Tal y como recuerda Andrés Lorente, el método para valorar el suelo rural consiste en dividir el rendimiento del terreno (calculado por capitalización de rentas de la tierra) entre una tasa de capitalización y a su resultado se le aplicaba, en su caso, ese factor de corrección según la ubicación que ya no puede tener el límite máximo de dos.

“Las determinaciones establecidas en el nuevo texto refundido suponen tasas superiores, lo que se traduce en que los valores pueden ser sensiblemente inferiores a los que se obtenían con la anterior normativa. Si antes se tomaba como referencia el rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública con un plazo entre dos y seis años, ahora se tiene en cuenta la media de los tres últimos años del tipo de interés de las obligaciones del Estado a 30 años (3,663%)”, aclaran desde Tinsa.

Por ello, como las tasas aplicables han subido sensiblemente, esto da como resultado valoraciones de suelo bastante inferiores. Hay casos en los que expropiar ahora con estas nuevas reglas puede suponer un coste para la Administración entre cinco y seis veces inferior del que hubiera sido aplicable con el marco legal de 2008, insiste Lorente.

Cambios cruciales ahora que la actividad se anima

La primera Ley de Suelo que acabó con el antiguo sistema de valoraciones fue aprobada justo antes de que estallara la crisis en toda su gravedad, lo que evitó que pudieran comprobarse los efectos reales que había tenido sobre el mercado.

Ahora, después de la introducción de las últimas novedades puede que sí sea un momento más oportuno. Esto es así porque empieza a reanimarse lentamente la obra civil (dependerá también de la rapidez con que finalmente se forme Gobierno si es que no deben repetirse las elecciones generales); por lo que los expertos consultados coinciden en señalar que se trata de la coyuntura adecuada para poner en marcha un nuevo marco legal que abarate las expropiaciones de suelo. Sobre todo, teniendo en cuenta que todavía hay numerosas administraciones públicas (en especial comunidades autónomas y la Administración central) que deben seguir saneando sus maltrechas finanzas públicas.

El director del área de Suelo de Tinsa, Andrés Lorente, pone como ejemplo una finca en situación de rural en un municipio perteneciente a la corona metropolitana de Madrid. Se estima su valor conforme a cada uno de los criterios. Se parte de una renta calculada para una explotación de cereal en régimen de secano de 600 euros por hectárea. Mientras en el primer caso, aplicando los criterios del Real Decreto Ley 2/2008 se obtendría un valor en situación de origen para ese suelo de 20,51 euros por metro cuadrado. Con las modificaciones aprobadas el pasado 30 de octubre se obtendría un valor de 3,34 euros por metro cuadrado, seis veces inferior al primero. Si a esos 20 euros se les aplicara el viejo coeficiente del dos, se elevarían a 41,02 euros y con el coeficiente de localización sin la limitación del máximo de dos (coeficiente que incluye proximidad a núcleo urbano, a contros de producción y aspectos medioambientales) podría incluso alcanzar los 109,85 euros por metro cuadrado. Sin embargo, con la nueva regulación, esos 3,34 euros se convertirían, por aplicación del mencionado coeficiente, en 17,89 euros por metro cuadrado, es decir 6,14 veces inferior.

Hacienda corrige el sistema de comprobación de valores sobre inmuebles a favor de las tasaciones periciales.

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Los casi 20.000 recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desde 2013, las quejas unánimes de los agentes del mercado inmobiliario y, sobre todo, una sentencia del TSJCV que anula el método de valoración de inmuebles que aplica el Consell para el cálculo de los impuestos, han servido para que la Conselleria de Hacienda adopte medidas y cambie un sistema que a ojos de todos era injusto.

La Conselleria de Hacienda ha diseñado un nuevo método de valoración de inmuebles que tiene tres grandes ejes: mantiene el sistema de coeficientes pero los ajusta al valor actual de mercado, garantiza el envío de un perito en aquellos casos en los que exista conflictividad y distingue por zonas y distritos en las ciudades de Valencia y Alicante, ya que en el caso de Castellón habrá que esperar a que el Ayuntamiento realice esta división zonal de la ciudad para el cálculo de diversos impuestos.

El objetivo es claro: «Otorgar garantía jurídica y acabar con la conflictividad judicial que ha llevado a la presentación en el pasado de miles de recursos contra la Generalitat», indica el conseller de Hacienda, Vicent Soler.

Además, el nuevo sistema asumirá las tasaciones hipotecarias que avalen los bancos y excluye de la aplicación automática de los coeficientes a las plantas bajas y locales, a las que se enviará un perito para realizar la valoración, mientras que los garajes son objeto de un tratamiento diferenciado con coeficientes diferentes. Todo ello para afinar al máximo teniendo en cuenta la naturaleza del bien, «de ahí la flexibilidad del nuevo modelo», recalca el conseller. Esto, «unido a la mayor aproximación al valor de mercado, son dos ventajas clave de la nueva regulación», añade Soler.

El modelo se traducirá en breve en una orden de la Conselleria y es consecuencia de una reciente sentencia del TSJCV en la que consideraba inadecuado el método de valoración de bienes como viviendas, garajes o trasteros aprobado por la Generalitat en 2013, precisamente tras otro fallo anterior del TSJCV en el que se anuló también el sistema existente hasta ese momento. La resolución judicial se refiere a un caso concreto, pero comportará la previsible estimación en cascada de las miles de liquidaciones recurridas por los ciudadanos y pendientes.

Sin embargo, hay sentencias adoptadas por otros tribunales en sentido contrario en otras comunidades, por lo que la Conselleria, tras la consulta a la Abogacía de la Generalitat, elevará el caso al Tribunal Supremo para que unifique el criterio a seguir en todo el territorio.

La ley obliga al Consell a recurrir siempre que la Abogacía considere que hay base, y es lo que ha ocurrido ante la existencia de sentencias contradictorias en diferentes autonomías. Entre tanto, la Generalitat va a poner en marcha un nuevo modelo, que espera que sea el definitivo al margen de lo que dictamine el Supremo, para conciliar las exigencias del TSJ y la capacidad de la Generalitat a la hora de verificar el valor de los inmuebles.

Hasta ahora, la Conselleria de Hacienda revisaba lo declarado por cada contribuyente y, si el importe era inferior al calculado por Hacienda, le tramitaba una liquidación para que abonara la diferencia. Para fijar ese valor, se utilizaba uno de los dos métodos establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria. En octubre de 2013, el TSJ tumbó el sistema aplicado hasta entonces al anular las liquidaciones realizadas mediante el llamado 'dictamen de perito', consistente en que estos especialistas efectuaban la valoración en función de diferentes criterios pero sin comprobar in situ el inmueble. El anterior Consell aprobó un nuevo modelo de valoración, basado en la aplicación al valor catastral de los inmuebles de unos coeficientes que se revisaban anualmente para cada municipio y que figuraban en una orden de la Conselleria. Estos valores eran globales por municipios, sin distinguir entre barrios. El tribunal ha entendido que tampoco se cumple con el criterio fijado en 2013: la comprobación del valor ha de ser individualizada.

El procedimiento que se seguirá a partir de ahora mantiene el sistema de aplicación de coeficientes a los valores catastrales pero introduciendo importantes novedades. «De entrada, se han ajustado las cuantías a la situación actual del mercado inmobiliario, lo que comporta una reducción del valor», informa el conseller de Hacienda. Pero, además, «se ha realizado un ajuste por zonas y distritos que, de momento, alcanza a las ciudades de Valencia y de Alicante».

Asimismo, de la aplicación automática de los coeficientes se han excluido las plantas bajas y locales, a las que se enviará un perito para realizar la valoración, mientras que los garajes son objeto de un tratamiento diferenciado con coeficientes diferentes. Ahora bien, en caso de que el ciudadano siga discrepando de la valoración que le haya hecho la Generalitat, se enviará un perito. Pero solo en los supuestos de conflictividad. De este modo, se quiere compatibilizar el criterio de los jueces de comprobación in situ con un procedimiento que el Consell puede realizar con los medios con los que dispone. Así, se pretende hacer viable la gestión de las comprobaciones de valores. Otra novedad es que, en caso de que exista un peritaje hipotecario -siempre que forme parte de la documentación incluida en el préstamo que otorga el banco-, se asumirá el cálculo realizado por este profesional y no se aplicará los coeficientes.

Andrés Herzog de UPyD ha comentado que es "decepcionante" que la Universidad Carlos III "se preste a defender a Rodrigo Rato.

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Los peritos de Rato avalan su gestión y responsabilizan a Deloitte de los errores en las cuentas de Bankia shaune fraser
 
Los peritos de Rato avalan su gestión y responsabilizan a Deloitte de los errores en las cuentas de Bankia / Expansión / Tres catedráticos de la Universidad Carlos III designados por el expresidente de Bankia Rodrigo Rato han ratificado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu el informe pericial que les encargó sobre su gestión al frente de la entidad.

En él se avala su labor y se responsabiliza a la auditora Deloitte de los posibles errores en las cuentas de salida a Bolsa de la entidad en 2011. El informe ya era conocido por el juez, por lo que los peritos se han limitado a ratificar en sede judicial su contenido, que es contrario a las conclusiones de los peritos judiciales designados en su día por el Banco de España, que consideraron que los datos ofrecidos por Bankia para el inicio de su cotización no eran "fiables".

Según el abogado y máximo dirigente de UPyD Andrés Herzog, presente en el acto en calidad de acusación popular, los tres catedráticos han achacado a la auditora de Bankia, Deloitte, los posibles errores en las cuentas.
Herzog aseguró tras el acto que es "decepcionante" que la Universidad Carlos III "se preste a defender las tesis de un señor imputado por múltiples delitos, con una carrera criminal de más de una década". A su entender, estos peritos de parte no han explicado cómo las cuentas presentadas por Rato arrojaban unos beneficios de 300 millones de euros y poco después se tuviera que rescatar la entidad por 22.000 millones.

Según explicó, la tesis de los catedráticos es que la entidad "iba perfectamente" y tenía unas cuentas saneadas que daban "beneficios", por lo que el citado rescate "no hacía falta". Herzog entiende que esta afirmación no se sostiene.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputó en julio de 2012 al exvicepresidente de Gobierno y expresidente de Bankia, junto a cerca de 30 miembros de su Consejo de Administración, por delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

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