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Hacienda corrige el sistema de comprobación de valores sobre inmuebles a favor de las tasaciones periciales.

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Los casi 20.000 recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desde 2013, las quejas unánimes de los agentes del mercado inmobiliario y, sobre todo, una sentencia del TSJCV que anula el método de valoración de inmuebles que aplica el Consell para el cálculo de los impuestos, han servido para que la Conselleria de Hacienda adopte medidas y cambie un sistema que a ojos de todos era injusto.

La Conselleria de Hacienda ha diseñado un nuevo método de valoración de inmuebles que tiene tres grandes ejes: mantiene el sistema de coeficientes pero los ajusta al valor actual de mercado, garantiza el envío de un perito en aquellos casos en los que exista conflictividad y distingue por zonas y distritos en las ciudades de Valencia y Alicante, ya que en el caso de Castellón habrá que esperar a que el Ayuntamiento realice esta división zonal de la ciudad para el cálculo de diversos impuestos.

El objetivo es claro: «Otorgar garantía jurídica y acabar con la conflictividad judicial que ha llevado a la presentación en el pasado de miles de recursos contra la Generalitat», indica el conseller de Hacienda, Vicent Soler.

Además, el nuevo sistema asumirá las tasaciones hipotecarias que avalen los bancos y excluye de la aplicación automática de los coeficientes a las plantas bajas y locales, a las que se enviará un perito para realizar la valoración, mientras que los garajes son objeto de un tratamiento diferenciado con coeficientes diferentes. Todo ello para afinar al máximo teniendo en cuenta la naturaleza del bien, «de ahí la flexibilidad del nuevo modelo», recalca el conseller. Esto, «unido a la mayor aproximación al valor de mercado, son dos ventajas clave de la nueva regulación», añade Soler.

El modelo se traducirá en breve en una orden de la Conselleria y es consecuencia de una reciente sentencia del TSJCV en la que consideraba inadecuado el método de valoración de bienes como viviendas, garajes o trasteros aprobado por la Generalitat en 2013, precisamente tras otro fallo anterior del TSJCV en el que se anuló también el sistema existente hasta ese momento. La resolución judicial se refiere a un caso concreto, pero comportará la previsible estimación en cascada de las miles de liquidaciones recurridas por los ciudadanos y pendientes.

Sin embargo, hay sentencias adoptadas por otros tribunales en sentido contrario en otras comunidades, por lo que la Conselleria, tras la consulta a la Abogacía de la Generalitat, elevará el caso al Tribunal Supremo para que unifique el criterio a seguir en todo el territorio.

La ley obliga al Consell a recurrir siempre que la Abogacía considere que hay base, y es lo que ha ocurrido ante la existencia de sentencias contradictorias en diferentes autonomías. Entre tanto, la Generalitat va a poner en marcha un nuevo modelo, que espera que sea el definitivo al margen de lo que dictamine el Supremo, para conciliar las exigencias del TSJ y la capacidad de la Generalitat a la hora de verificar el valor de los inmuebles.

Hasta ahora, la Conselleria de Hacienda revisaba lo declarado por cada contribuyente y, si el importe era inferior al calculado por Hacienda, le tramitaba una liquidación para que abonara la diferencia. Para fijar ese valor, se utilizaba uno de los dos métodos establecidos en el artículo 57 de la Ley General Tributaria. En octubre de 2013, el TSJ tumbó el sistema aplicado hasta entonces al anular las liquidaciones realizadas mediante el llamado 'dictamen de perito', consistente en que estos especialistas efectuaban la valoración en función de diferentes criterios pero sin comprobar in situ el inmueble. El anterior Consell aprobó un nuevo modelo de valoración, basado en la aplicación al valor catastral de los inmuebles de unos coeficientes que se revisaban anualmente para cada municipio y que figuraban en una orden de la Conselleria. Estos valores eran globales por municipios, sin distinguir entre barrios. El tribunal ha entendido que tampoco se cumple con el criterio fijado en 2013: la comprobación del valor ha de ser individualizada.

El procedimiento que se seguirá a partir de ahora mantiene el sistema de aplicación de coeficientes a los valores catastrales pero introduciendo importantes novedades. «De entrada, se han ajustado las cuantías a la situación actual del mercado inmobiliario, lo que comporta una reducción del valor», informa el conseller de Hacienda. Pero, además, «se ha realizado un ajuste por zonas y distritos que, de momento, alcanza a las ciudades de Valencia y de Alicante».

Asimismo, de la aplicación automática de los coeficientes se han excluido las plantas bajas y locales, a las que se enviará un perito para realizar la valoración, mientras que los garajes son objeto de un tratamiento diferenciado con coeficientes diferentes. Ahora bien, en caso de que el ciudadano siga discrepando de la valoración que le haya hecho la Generalitat, se enviará un perito. Pero solo en los supuestos de conflictividad. De este modo, se quiere compatibilizar el criterio de los jueces de comprobación in situ con un procedimiento que el Consell puede realizar con los medios con los que dispone. Así, se pretende hacer viable la gestión de las comprobaciones de valores. Otra novedad es que, en caso de que exista un peritaje hipotecario -siempre que forme parte de la documentación incluida en el préstamo que otorga el banco-, se asumirá el cálculo realizado por este profesional y no se aplicará los coeficientes.

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