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El juez del "caso Rato" sólo ve por ahora delito fiscal en la conducta del exvicepresidente

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El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que  investiga al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a raíz de la denuncia  presentada contra él por la Agencia Tributaria, descarta por el momento la  existencia del delito de alzamiento de bienes que la Fiscalía procedió contra él  junto con otros cinco contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de  capitales.

Por el momento únicamente ve "perfilado" el delito fiscal y no se pronuncia  sobre éste último.

Así señala en un auto de fecha 1 de julio en el que desestima el recurso  presentado por la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) contra la decisión  inicial del juez de no permitirles personarse en la causa como acusación  popular.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda  a ADADE que la propia Audiencia Provincial de Madrid descartó la existencia del  alzamiento de bienes cuando atribuyó la competencia a su juzgado, y que éste  sería el único delito que podría justificar la personación de este colectivo por  una "genérica relación con 'los casos más importantes de corrupción'" que según  ellos mismos son objeto de sus actividades.

De lo ahora investigado, señala el juez, "el único delito que empieza a  aparecer perfilado" es el cometido contra la Hacienda Pública. Añade que esta es  una conducta "sin relación por ahora con hechos que se puedan relacionar con  actos de corrupción" y cuyo concreto perjudicado es el Estado, al que representa  la Abogacía del Estado ya personada en la causa.

Significación mediática

La única "especial relevancia" del caso por el momento, continúa  Serrano-Artal en su auto, "no es otra que la significación social y por ello  mediática del denunciado, "lo que resulta a todas luces insuficiente" para  fundamentar la personación de ADADE en la causa.

Precisamente este martes, el juez ha citado en calidad de testigo el próximo  20 de julio a la inspector jefe de la Oficina nacional de Investigación contra  el Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas.

La citación se produce en coincidencia con el levantamiento del secreto de la  pieza documental del caso, que estalló el pasado 16 de abril cuando el  exmandatario fue detenido por unas horas y su domicilio y su oficina personal  registradas por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera en cumplimiento de  una denuncia presentada ante la Fiscalía de Madrid por la Agencia  Tributaria.

En su denuncia ante la Fiscalía de Madrid la  Agencia Tributaria destacaba  dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias  cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, que es el importe mínimo  previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible  delito de blanqueo de capitales según el Miniserio Público.

El juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, que  investiga al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a raíz de la denuncia  presentada contra él por la Agencia Tributaria, descarta por el momento la  existencia del delito de alzamiento de bienes que la Fiscalía procedió contra él  junto con otros cinco contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de  capitales.

Por el momento únicamente ve "perfilado" el delito fiscal y no se pronuncia  sobre éste último.

Así señala en un auto de fecha 1 de julio en el que desestima el recurso  presentado por la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) contra la decisión  inicial del juez de no permitirles personarse en la causa como acusación  popular.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda  a ADADE que la propia Audiencia Provincial de Madrid descartó la existencia del  alzamiento de bienes cuando atribuyó la competencia a su juzgado, y que éste  sería el único delito que podría justificar la personación de este colectivo por  una "genérica relación con 'los casos más importantes de corrupción'" que según  ellos mismos son objeto de sus actividades.

De lo ahora investigado, señala el juez, "el único delito que empieza a  aparecer perfilado" es el cometido contra la Hacienda Pública. Añade que esta es  una conducta "sin relación por ahora con hechos que se puedan relacionar con  actos de corrupción" y cuyo concreto perjudicado es el Estado, al que representa  la Abogacía del Estado ya personada en la causa.

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